La quita al socio de Ximo Puig ascendió a 1,3 millones al basarse en el peor escenario

El análisis que se lleva a cabo es respecto al Grupo Zeta, propietario de Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa) al 85% –editora del Periódico Mediterráneo de Castellón– y en la cual Ximo Puig es accionista del 1,16%. En 2019, Zeta fue adquirido por Prensa Ibérica, conformando el mayor conglomerado mediático de la Comunidad Valenciana del que el dirigente, por tanto, es socio.

Esa operación fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el banco público valenciano con esa condonación de 1,3 millones de euros. La Generalitat, y especialmente el director del IVF, Manuel Illueca, siempre justificaron la decisión en que el informe de Deloitte concluía que la liquidación del Grupo Zeta podía resultar más perjudicial para las arcas públicas que una quita de la deuda, ya que el cálculo era que los acreedores sólo podrían recuperar entre el 18% y el 31% de la deuda.

Efectivamente, se trataba de una de las tesis, pero dentro del escenario más desfavorable que dibuja la consultora. En su análisis existían otras alternativas menos gravosas en base a las propuestas de la dirección de la empresa y a medidas de mayor certeza que podían llevarse a cabo ante la incapacidad de Zeta de cumplir con sus compromisos financieros –como obtener financiación para realizar una reestructuración de personal o un plan digital–. La recuperación de la deuda por parte de los acreedores en todas ellas oscilaba entre un 44% y un 57% . Es decir, en el mejor escenario, casi el doble de lo que el IVF consiguió con el traspaso a Prensa Ibérica (un 30%).

El riesgo también era existente, puesto que requería de dinero nuevo y de la ejecución y el cumplimiento del Plan de Negocio.

Más allá de las cuestiones técnicas de la operación, los intereses de Puig en ella se demuestran en que ha percibido unos dividendos por importe de 18.800 euros entre 2016 y 2018 como accionista de Pesca y pese a la deuda de casi cien millones de Zeta. Todo tras una autorización del propio IVF, como publicó ayer ABC .

El diputado del PP Rubén Ibáñez criticó que el presidente de la Generalitat no dé explicaciones, mientras el PSPV respondió que las decisiones del banco público se han tomado con criterios económicos.