La Generalitat Valenciana autorizó que Ximo Puig cobre dividendos del grupo mediático del que es socio

La polémica que salpica a Puig trascendió hace exactamente un año . El jefe del Consell posee acciones desde 1984 en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de «El Periódico Mediterráneo» (diario líder en Castellón), por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total). El pasado año, el grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, fue adquirido por Prensa Ibérica, conformando de este modo el conglomerado mediático más importante del territorio y en el que el presidente de la Generalitat, por tanto, es socio.

La compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el banco público valenciano -dirigido por Manuel Illueca- con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que pudo realizar tras un decreto aprobado por el Gobierno autonómico que permitía hacer quitas sobre acreedores - hasta la fecha es la única que se ha realizado - y que salió adelante con el apoyo expreso del propio Puig escasos días antes.

A ello se añade que entre 2016 y 2019 -estando al frente del Ejecutivo- ha percibido unos dividendos por importe 18.800 euros (a la espera de conocer la cantidad de este año, todavía pendiente de ser declarada).

Desde el IVF argumentan que el acuerdo de reestructuración de la deuda del Grupo Zeta incorporaba una serie de cláusulas que, como es habitual en estos casos, restringían de forma severa la capacidad de la empresa para la toma decisiones. De ahí que hubiera que ir aprobando diversas dispensas , entre ellas que los accionistas minoritarios pudieran volver a recibir los beneficios que les correspondían. Así lo autorizó Illueca en el caso de Pecsa después de que los bancos que formaban parte del pool consideraran ajustada la decisión .

«Con independencia de la nula capacidad del IVF para oponerse al reparto de dividendos, es importante subrayar que el calendario de vencimientos de la deuda no se vio afectado por su pago», remarcan desde el banco público valenciano. En total, fueron satisfechos 80.000 euros a los socios, una cantidad que consideran «irrisoria» respecto a la deuda sindicada total del grupo (suponía menos del 2%). Además, inciden en que la autorización al pago estaba «plenamente justificada desde una perspectiva económica», pues en caso de no producirse el reparto de dividendos, «los accionistas minoritarios de Pecsa podrían haber ejercido su derecho de separación , resultando todo ello en un desembolso a su favor de 2,3 millones de euros» (cifra que impactaba de forma negativa en la capacidad de repago del grupo).

Al margen de este asunto, la parte del expediente sobre toda la operación a la que ha tenido acceso este periódico cuenta con una ausencia importante: el informe de Deloitte que aseguraba que la liquidación del Grupo Zeta podía resultar más perjudicial para las arcas públicas que una quita de la deuda. Desde el Gobierno autonómico señalan que éste ha sido dado al PP tras solicitarlo, pero los populares lo niegan. Un año después, todavía anda “perdido”.

Ese documento contiene los diferentes escenarios de riesgo en el caso de que el IVF no hubiera realizado la condonación a Zeta debido a su mala situación financiera. Y la Generalitat siempre ha mantenido que hubiera sido peor. Una posición que se ve reflejada en el informe de riesgos del propio banco público de 2019, pero en el que sólo se menciona lo que podía ocurrir en el caso de una posible liquidación . «La decisión de limitar las pérdidas en este momento con la promesa de venta permite al IVF optimizar la recuperación del crédito porque, entre otras razones, percibirá el importe que percibiría en un escenario optimista de liquidación, casi triplicando la cantidad que en un escenario más pesimista», concluye.

El posible conflicto de intereses de Puig en todo este asunto -teniendo en cuenta, además, que Prensa Ibérica (junto a «Mediterráneo») recibió 3,3 millones entre 2016 y 2018 en publicidad institucional de su Gobierno- no ha podido ser investigado en las Cortes Valencianas al ser rechazada en octubre una comisión propuesta por el PP. Como informó ABC , pudo vulnerar hasta cinco leyes. Tampoco es conocida una actuación exhaustiva de la Conselleria de Transparencia.