De la 'policía lingüística' al requisito: la estrategia del Gobierno de Ximo Puig para imponer el valenciano

La denuncia de Andy Costa , un joven estudiante de un grado de FP en un instituto público de Cheste (Valencia), ha sido la última de las múltiples controversias idiomáticas en las que se pone en tela de juicio un posible caso de discriminación lingüística .

El alumno relata que su centro educativo le ha prohibido asistir a diferentes clases después de ser expedientado tras haber solicitado realizar los exámenes en castellano y no en valenciano. Después de presentar una denuncia por acoso, inspectores de la Conselleria de Educación acudirán al instituto para recopilar toda la información sobre los hechos que PP, Ciudadanos y VOX piden que se aclaren en sede parlamentaria.

No obstante, este tan solo es el último caso de una extensa retahíla de choques y encontronazos sobre el empleo del idioma autóctono de la Comunidad Valenciana que plantea el actual equipo de Gobierno, obstaculizado por el Tribunal Supremo en diferentes ocasiones al considerar que no atiende a la legalidad y que puede generar indefensión ante los denunciados.

Durante el pasado mes de noviembre, el alto tribunal desestimó el recurso de la Generalitat contra la sentencia que declaró como nulos hasta doce artículos del decreto que regula la Oficina de Derechos Lingüísticos , un proyecto criticado desde el primer momento por la oposición y entendido como una especie de « policía lingüística ».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS dio de bruces a las intenciones del Ejecutivo del socialista Puig de impulsar un departamento que vigilase la vulneración de derechos lingüísticos y pudiera promover posibles soluciones y castigos, tanto por parte de la Administración pública como entes privados.

De acuerdo con la resolución del tribunal, el funcionamiento de esta oficina no es conforme a derecho por no adaptarse al resto de procedimientos administrativos ni por ofrecer la posibilidad de que las denuncias puedan ser impugnadas o recurridas por el infractor.

Cuatro meses después, en febrero de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJCV ) estableció por primera vez la presencia equilibrada en tiempo y asignaturas del castellano y en valenciano, después de dictar cinco sentencias en las que establecía que ambos idiomas deben respetar una proporción «razonable» en proyectos de plurilingüismo .

Así, exponía que los centros educativos han de tener en cuenta el contexto socioeducativo y la lengua mayoritaria de la zona para asegurar una completa competencia en comunicación lingüística por parte de todos los alumnos.

Los magistrados anularon las resoluciones relativas a dos colegios donde la enseñanza en valenciano suponía más del doble del tiempo lectivo y las asignaturas troncales, salvo literatura y lengua. Así, el TSJ puso freno al modelo plurilingüe de la Conselleria que dirige Vicent Marzà de Compromís implantado hace cuatro años a través del que cada centro puede escoger los porcentajes que destina a los contenidos curriculares en cada lengua.

En esta normativa se establecía un mínimo del veinticinco por ciento de tiempo lectivo para las lenguas cooficiales y entre un 15 y un 25 por ciento para la enseñanza del inglés, mientras que la distribución de las asignaturas restantes es de libre elección. Tras el fallo del tribunal, la Generalitat anunció que recurrirá las sentencias no firmes y defendió que el TSJCV «avala la legalidad de la Ley de Plurilingüismo sin elevar cuestion de inconstitucionalidad como pedían los denunciantes».

Hace justo un año, el parlamento autonómico aprobó entre las disputas y las divisiones de los miembros del tripartito la reforma de la Ley de Función Pública a través de la que se establecía como requisito lingüístico la acreditación del título del valenciano para acceder a la Administración pública.

Doce meses después, las negociaciones en el seno del Consell sobre el nivel exigible de valenciano a los futuros funcionarios continúa sin llegar a buen puerto a poco tiempo de que finalice el plazo establecido para aprobar el reglamento completo que concrete el grado de conocimiento de la lengua autóctona.

Por el momento, las únicas oposiciones que requieren de dicha acreditación son las correspondientes al área de Educación , mientras que el resto de departamentos como Justicia y Sanidad continúan a la espera de la regulación final, por lo que sigue contando como mérito en la fase de concurso.

Al respecto, diferentes sindicatos mostraron su disconformidad desde la aprobación de la nueva norma, que ha generado malestar hasta tal punto de ser calificada de «no consensuada» y que « pisotea los derechos de los empleados de la Generalitat».

A menos de un kilómetro del Palau de la Generalitat, en dependencias municipales de la capital del Turia, el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Compromís y PSPV-PSOE en coalición, riega anualmente a diferentes asociaciones de carácter independentista, como es el caso de Plataforma per la Llengua, autodenominada como la « ONG del catalán ».

De acuerdo con el plan de subvenciones municipales, el Consistorio liderado por Joan Ribó (Compromís) otorga una ayuda nominativa anual de 25.000 euros a esta fundación, que durante sus últimas acciones públicas se encuentra la distribución de pegatinas para señalar a comercios que no utilizan el valenciano.

Por otro lado, según especificó el Grupo Popular en las Cortes Valencianas, esta misma asociación ha recibido por parte del Gobierno presidido por socialista Puig diferentes subvenciones por valor de 311.000 euros desde el año 2016.

El segundo partido del Ejecutivo autonómico, Compromís, presentó en noviembre de 2021 una propuesta para modificar el E statuto de las personas consumidoras con tal fin de que se obligara por ley a los comerciantes a atender en valenciano a los usuarios que se dirigieran a ellos en este idioma.

La portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Mónica Álvaro, defendió esta iniciativa ante la «discriminación lingüística que solo se produce en un sentido». Así, la formación que lidera Mónica Oltra pretende iniciar las reformas legales que hagan efectivo el derecho de utilizar el idioma cooficial en el ámbito del consumo y del comercio .

Otra de las polémicas, esta de ámbito cultural, en la que se ha visto envuelto el Gobierno de Puig y Oltra ha sido dedicar el año 2022 a Joan Fuster , ideólogo del término « países catalanes ». según queda recogido en el libro 'Nosaltres els valencians' de 1962.

Al respecto, la Conselleria de Marzà ha consignado una subvención directa de 70.000 euros al Ayuntamiento de Sueca en el marco de un convenio con la asociación que porta el nombre del ensayista nacido en esta localidad, para el «fomento y el estudio de la obra» del literato que «llamarnos valencianos es nuestra forma de llamarnos catalanes».