Educación
Segunda denuncia en la Comunidad Valenciana por «acoso» a una alumna tras pedir utilizar el castellano
Los profesores se suman a las denuncias de las familias porque la Generalitat Valenciana discrimina al español
«La profesora le dijo a nuestra hija que le bajaría la nota si hacía deberes o exámenes en castellano»
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J. L. Fernández
El conocido caso de Andy Costa , el estudiante de FP expedientado sin algunas clases por reclamar el uso del castellano en sus exámenes, no es un conflicto aislado en la Comunidad Valenciana. Los padres de otra alumna de Primaria (Marta ... S. menor de edad) de Paterna denuncian este jueves ante la Fiscalía por « coacciones, acoso y falsedad documental » la discriminación de su hija, que ya suspendió un examen y está condenada a que le rebajen su nota solo por no utilizar el valenciano en su aprendizaje. En su colegio aseguran tener una buena relación con la familia y «cumplir escrupulosamente con el marco normativo» de la Conselleria de Educación.
La situación de esta familia en el Colegio «El Armelar» viene arrastrada por estas directrices de la Generalitat ya durante dos cursos, por lo que han dado el paso de acudir al juzgado, asesorados también por la asociación Hablamos Español . Al arrancar el cuarto curso de Primaria, en septiembre de 2020, los padres de Marta ya solicitaron por escrito que se le facilitase y se le permitiese el estudio de la asignatura de Sociales en castellano. Al igual que en el caso de Andy Costa, en Cheste, la directora del colegio de Paterna justificó la negativa en que «el Proyecto Lingüístico del centro se realizó de acuerdo a las instrucciones que desde la Conselleria de Educación se dictaron para todos los centros de la Comunidad Valenciana».
Nuevamente, Rosa M. A. y su marido rogaron por carta que se atendiera su petición. «En ningún momento hemos pedido a que a nuestra hija se le excluya del Proyecto Lingüístico del Centro (PLC), estamos informando a la dirección de que llevará sus libros a clase de Sociales en español y el estudio de la asignatura lo hará en español», razonaron. También mencionaron que su planteamiento estaba «de acuerdo con la legislación vigente», que estipula igualmente que «si bien el docente está obligado a impartir la clase de la asignatura en concreto en valenciano, los padres tienen derecho a elegir la lengua de estudio y que lleve su libro en español».
Lo que no se esperaban era que Marta iba a suspender ya el primer examen en esa asignatura solo por esa razón: el idioma, su lengua materna. Tras citarles a una reunión con la directora pedagógica, acudieron con Marta y les dijeron que la niña tenía que esperar fuera, en la puerta del pabellón del colegio. «Hablamos sobre nuestra petición de principios de curso y nos muestra el examen de nuestra hija y nos comunica que su nota es un 7,5 , pero que está suspendida por contestar en castellano », explican en su denuncia, recordando como mostraron su «desacuerdo» y, acto seguido, solicitaron por escrito «los criterios en los que se basan para querer suspender el examen realizado».
Todavía quedaba una humillación añadida para su hija, un momento de segregación en clase: «El lunes 23 de noviembre de 2020, Marta sale del colegio muy disgustada y cabizbaja porque han repartido los exámenes a todos los alumnos de clase menos a ella, y que le ha preguntado a su profesora y le ha dicho que su examen no lo tiene, pero que está suspendida».
Ahí empezó otra lucha de esta familia, solo para conseguir una copia de aquella prueba con un 7,5 de nota y, sin embargo, no superada por este criterio idiomático. De entrada, en el centro se justificaron porque debían realizar «consultas con su abogado y con la Inspección Educativa».
Examen con borrones
Cuando consiguieron el examen, vieron que estaba «rectificado con típex y no están claras las calificaciones, hay cruces, anotaciones ‘castellano’ sin puntuación numérica de cada respuesta».
Posteriormente, estos padres insistieron en ver documentalmente los « criterios de calificación » en los que se basaba esta penalización. Llegaron a presentar un recurso de reposición, ya en vacaciones, y el inspector jefe territorial les conminó a pedirlos al colegio, al ser concertado.
En otros centros educativos, en cambio, sí están transigiendo con las demandas de las familias, sin conflictos. «En una contestación de un abogado de una de las asociaciones de colegios religiosos, admite que aunque las clases se impartan en la lengua regional, los padres tenemos derecho a decidir en qué lengua estudian los hijos», relatan en uno de los escritos incluidos en su denuncia ante la Fiscalía.
«No es competencia del colegio»
Desde el colegio «El Almelar», han defendido la atención y el trato a esta alumna, y han asegurado que el centro «cumple escrupulosamente con lo que establecen las normas y directrices de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana en materia lingüística».
En concreto, imparten «las horas mínimas que establece la legislación educativa en valenciano , impartiendo el resto de asignaturas en inglés y en castellano ».
En cuanto a este caso concreto, han señalado que «no es la primera vez que esta familia muestra su disconformidad en diferentes instancias con el marco educativo que rige en la Comunidad de Valencia en lo referente al uso de la lengua valenciana. Sin embargo, el establecimiento de ese marco normativo no es competencia del colegio , que simplemente cumple con lo estipulado».
Asimismo, han añadido que «El Almelar, como todos los colegios de la Institución Teresiana, se caracteriza por un trato personalizado y muy cuidadoso con todos los alumnos, por lo que consideramos de especial gravedad que se hable de 'acoso', algo inaceptable y que atenta contra la reputación y buen hacer de nuestros centros».
Finalmente, se han comprometido a que «desde la dirección de centro y pedagógica siempre han estado abiertos al diálogo , a la atención de la familia y al acompañamiento de la alumna, queriendo buscar juntos la mejor respuesta dentro de las competencias del propio centro».
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