Miles de personas reivindican en Orihuela el «derecho a elegir lengua» en las aulas valencianas

Las zonas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana recelan de un modelo aprobado hace dos años por Compromís, PSPV-PSOE y Podemos, que contempla el mismo porcentaje mínimo - un 25 por ciento - de asignaturas en valenciano y castellano, además de entre un 15 y un 25 por ciento en inglés. Familias, profesores y centros educativos de la Vega Baja ponen el foco en que el texto normativo entra en contradicción con la posibilidad que ofrece la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y el Estatuto de Autonomía al alumnado de estas zonas de exentarse de dar la asignatura de Valenciano . Aunque pueden pedir acogerse a ella en la materia lingüística, los alumnos habrían de cursar igualmente en esta lengua el mínimo del 25 por ciento de troncales.

El principal problema que argumentan es la falta de docentes preparados para impartir asignaturas troncales -Matemáticas o Biología, por ejemplo- en valenciano. «Nos preguntamos cómo pueden hacer una ley que no tiene ni la herramienta principal que es el profesorado. Tenemos una falta de personal del 94 por ciento en inglés y del setenta en valenciano», explica a ABC Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Gabriel Miró, entidad organizadora de la manifestación.

Ante la falta de entendimiento con la conselleria de Educación, liderada por Vicent Marzà -de Compromís- han decidido salir a las calles. Las protestas han arrancado este sábado con las movilizaciones convocadas por la asociación Hablemos Español en trece puntos de la Comunidad Valenciana . Pequeñas concentraciones que han desembocado en una multitudinaria marcha por las calles de la localidad alicantina en las que se han podido leer pancartas con mensajes como «Quiero aprender en mi lengua materna», «Peligro, dictadura lingüistica» o «La lengua ni se prohíbe ni se impone» . «La gente ha reaccionado. Vamos a derogar esa ley, entre todos podemos hacerlo», ha aseverado Terrero.

A la cita se han unido la recién creada Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y los tres partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox-, que han aprovechado la ocasión para atacar duramente al Consell en la primera movilización importante de la legislatura contra el Ejecutivo autonómico.

«Es una ley que dice ser de igualdad, pero discrimina, vulnera los derechos de los niños y nos va a llevar directamente a un fracaso escolar que nadie quiere para el futuro de sus hijos», ha señalado Terrero.

En los centros educativos preocupa como acusaran este cambio los estudiantes que afronten la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), al igual que la adaptación de los inmigrantes. Exigen estabilidad en la toma de decisiones y un consenso político que evite vaivenes en el modelo educativo si en cambia el color del partido del Gobierno.

Desde la Conselleria de Educación se ha transmitido la posibilidad de flexibilizar de alguna forma la aplicación de la norma, llevándola a cabo de forma progresiva . Por ejemplo, que el próximo año no se haga en todos los cursos de la ESO, sino sólo en primero. Algo que, comentan, se podría hacer con el programa experimental recogido en la propia ley. Apuntan desde el departamento, igualmente, que la exención no es de cursar valenciano, sino de examinarse. En este sentido, Marzà insiste en que lo que se busca es la «igualdad» entre todos los alumnos de la Comunidad Valenciana.

Las explicaciones del conseller y la opción de la experimentación no convencen ni a los padres ni a los centros críticos, ya que podrían caer en un incumplimiento de la ley. Motivo por el que piden que cualquier instrucción de Educación se les traslade por escrito.

«Esperemos que la conselleria reaccione, se reúna con quien se tenga que reunir y haga una Ley de Plurilingüismo por y para todos», ha zanjado la responsable de la organización al frente de la marcha.

La acción política continuará en las Cortes Valencianas, donde el PP -que estudia las vías legales para recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional - ha presentado una iniciativa en la que piden la supresión de los artículos de la ley de Plurilingüismo que van en contra de la d'Ús i Ensenyament; que cualquier instrucción que se le dé a los centros sobre la implantación de la norma sea por escrito para darle respaldo jurídico ; que se aprueben los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación (en la que al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia, oferten líneas en castellano), los resultados académicos y una consulta vinculante a todas las familias; y que se vele por que haya una oferta suficiente en castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir.

Además, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha señalado este sábado en Orihuela que «espera que Puig le llame el lunes para pactar una nueva ley plurilingüe tras la masiva respuesta contra la imposición». Por su parte, la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que pedirán explicaciones a la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Ciudadanos ha presentado otra iniciativa en la Cámara en la misma línea en la que reclama una moratoria a la aplicación de la Ley de Plurilingüismo en zonas castellanohablantes. y ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges para que emita un informe sobre las «vulneraciones» a la norma que regula el uso del valenciano.

Asimismo, la formación naranja ha anunciado que llevará la ley al Parlamento Europeo porque el Consell «está violando claramente el artículo seis de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que recoge, entre otros, el derecho a la libertad de todos los ciudadanos», y «no hay nada más libre que poder expresarse y educarse en la lengua que cada uno quiere», según su portavoz parlamentario, Toni Cantó.

Por último, la asociación Hablamos Español registró el 27 de diciembre ante las Cortes Valencianas una Iniciativa Legislativa Popular de Libertad de Elección de Lengua que se encuentra en fase de admisión.