El juez de la operación Taula imputa a otras 19 personas y eleva a ochenta los investigados

Con las nuevas citaciones el número de investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en la causa por presunto amaño de contratos en distintas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se eleva a ochenta , de los que 56 sólo están imputados por blanqueo, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El Juzgado ha fijado un nuevo calendario de dec laraciones que incluye los días 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de febrero.

Este miércoles han comparecido ante el instructor nueve de los diez investigados citados: Maria Àngels Ramon-Llin , concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, dos exconcejales, Silvestre Senent y Ana María Albert , y otros seis asesores del mismo grupo, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Senet ha afirmado este miércoles que a él le consta que no hubo blanqueo en el grupo popular municipal y, aunque ha reconocido que hizo varias donaciones al partido, ha asegurado que nunca recuperó el dinero.

Tras su declaración ante el magistrado titular de Instrucción 18, ediles, exediles y asesores mantienen su condición de investigados .

Sólo uno de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar.

Uno de los diez investigados citados para hoy, un asesor municipal, no ha llegado a declarar por motivos de agenda de su abogado, que interviene en el juicio por el Caso Noos, que se está celebrando en Palma de Mallorca. La comparecencia ante el juez de este investigado se ha pospuesto.

Hasta el momento ya han prestado declaración ante ante el juez los 24 investigados que fueron detenidos, otros 20 imputados y cinco testigos.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital , Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.