El domicilio de Fabra en la localidad de Oropesa del Mar fue registrado este martes por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
En esta nueva causa están investigados, además del propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona.
Tras el registro no se han producido detenciones, y todos los imputados han sido citados a declarar los días 28 y 29 de octubre , han informado las mismas fuentes.
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