El juez imputa a Fernando Roig por un préstamo concedido a Carlos Fabra

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Roig está citado a declarar entre los empresarios investigados en esta causa , que investiga si el ex mandatario provincial ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión y en la que también están investigados un hijo de Fabra , su mujer y un exasesor.

Fernando Roig deberá comparecer ante el juzgado -aunque aún no se dispone del calendario de citaciones- tanto en su propio nombre como por ser responsable de la mercantil Portovan S.L., y se investiga la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria concedido a Fabra por valor de 1,4 millones de euros.

Fuentes del Grupo Pamesa consultadas por EFE han declinado hacer declaraciones al respecto por el momento.

Del mismo modo, el juzgado ha hecho un requerimiento de información al PP de Castellón para que identifique la persona, personas u órgano que autorizó el pago a Carlos Fabra y a una mercantil de tres facturas -de abril, mayo y junio de 2012- por valor de 58.900 euros.

El PP de la provincia de Castellón, consultado por EFE, ha indicado que a la dirección del partido todavía no ha llegado ese requerimiento.

En este sentido la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Àlvaro, ha señalado que el PP "vuelve a situar a Castellón en el mapa de la supuesta corrupción y de nuevo aparece la sospecha de que muchas de las adjudicaciones realizadas desde instituciones gobernadas por el PP podrían haber sido 'a dedo' a cambio de favores económicos".

Àlvaro ha dicho que dado que el auto indica que los pagos "podrían derivarse de la actividad política" del exmandatario del PP, Compromís "exige a los actuales responsables del PP, que compartieron cargos con Fabra, y en concreto a Isabel Bonig , que aclaren los motivos de los pagos de ese dinero".

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declaró el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, después de que el 22 de septiembre su domicilio en la localidad de Oropesa del Mar fuera registrado por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.