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Petrer (Alicante)

«Hablar en valenciano es de mala educación»: denuncian a una jefa de Correos por discriminación lingüística

La Plataforma per la Llengua reclama a la Oficina de Derechos Lingüísticos que garantice la atención en los dos idiomas oficiales en la Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de una oficina de Correos en la provincia de Alicante JUAN CARLOS SOLER

D. A.

«Hablar en valenciano es signo de mala educación» . Estas fueron las palabras de la responsable de la oficina de Correos de Petrer (Alicante) a una vecina que se dirigió a ella en dicho idioma, según denuncia la Plataforma per la Llengua en lo que califica como un nuevo caso de «discriminación lingüística» en la Comunidad Valenciana.

Siempre de acuerdo con las mismas fuentes, la jefa de la sucursal de Correos habría discriminado hasta en dos ocasiones a una usuaria por dirigirse a ella en valenciano y pedirle que se expresara en castellano al considerar que se trataba de «una falta de educación». Según esta versión, la clienta solicitó que le atendiera otra compañera de la oficina y, según denuncia la Plataforma per la Llengua, la responsable de Correos la «siguió increpando por hablar valenciano». Los hechos denunciados se produjeron el pasado mes de agosto.

Tras este incidente, que se suma al registrado el pasado verano en la localidad alicantina de Calpe , la Plataforma per la Llengua ha instado a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat a que garantice la atención oral en valenciano en la oficina de Correos de Petrer. Asimismo, reclama a la propia sucursal que «respete los derechos lingüísticos y evite cualquier tipo de discriminación».

En su comunicado, la asociación recuerda que Correos funciona según el derecho público, por lo que debe asegurar la atención por escrito y oral en las diferentes lenguas oficiales, como aparece estipulado en el artículo 54.11 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La normativa a la que hace referencia la Plataforma recoge la obligación de cumplir la atención en todas las lenguas oficiales en el territorio español. Además, añade que «ningún trabajador público puede exigir que un ciudadano no utilice uno de estos idiomas ni tampoco privarle de un servicio público».

Según la denuncia presentada ante la oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat, la sucursal de Correos de Petrer vulneró el artículo 3 de la Ley 4/1983, de uso y enseñanza del valenciano, que afirma que todas las personas tienen derecho a expresarse en dicha lengua oficial, sin sufrir ningún tipo de discriminación o exigencia de traducción.

«El uso corriente del valenciano y la garantía de utilizar la lengua propia forman parte de los valores colectivos que se han de promover desde una corporación de derecho público», añaden.

Correos: «Respetamos los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciuadadanas»

Por su parte, Correos ha recalcado que «respeta los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas y garantiza el uso de las lenguas cooficiales en su red de oficinas. Prueba de ello es que en el último proceso de consolidación de empleo se ha tenido en cuenta entre los méritos de los aspirantes valorar el conocimiento de lengua oficial propia de cada Comunidad Autónoma».

Fuentes oficiales de Correos explican a ABC que «en nuestro caso, el conocimiento acreditado del valenciano se premiaba con 1 punto para los puestos de reparto y agente de clasificación y 3 puntos para los puestos de atención al cliente. Para acreditar el conocimiento de la lengua cooficial se debía presentar un certificado oficial expedido u homologado por los organismos públicos competentes en la materia. Además, en dicho certificado, debe indicarse el nivel de competencia lingüística, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)».

«Para los puestos de reparto -recalca Correos - el nivel exigido ha sido un A2 o superior, así como títulos equivalentes u homologados y para los puestos de atención al cliente el nivel requerido ha sido el B1 o superior, así como títulos equivalentes u homologados por organismos públicos competentes en la materia».

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