Guerra del cava: el Gobierno cede el control a las bodegas catalanas para limitar a su competencia

De hecho, la DO del Cava, pese a abarcar más de una comunidad autonóma, al igual que sucede con las de Jumilla y Rioja , está controlada por las bodegas de Cataluña, que en los últimos años venían reivindicando al Ministerio de Agricultura que pusiera freno al crecimiento de nuevos cultivos ante la caída de precios detectada (el Consejo Regulador habla de niveles de 1998 para la uva) y frente a la expansión de sus consumidores valencianos y extremeños .

Con todo, Cataluña sigue copando la mayoría de las 37.924 hectáreas de cultivo destinadas a la elaboración del cava en España de las que poco más de 3.500 se encuentran en Requena y un millar de Extremadur a.

Con el nuevo real decreto aprobado el pasado 20 de septiembre, el Consejo Regulador tendrá la potestad de decidir sobre las limitaciones y restricciones a nuevos cultivos y sus informes resultará vinculantes para el Ministerio de Agricultura , siempre que se ajusten a la normativa de la Unión Europea . El Gobierno persigue con esta medida «dotar de mayor estabilidad al sector y garantizar mayor seguridad jurídica».

De acuerdo con el informe sobre datos económicos correspondiente al ejercicio 2018 de la propia DO, el pasado año se produjeron más de 244 millones de botellas de cava, lo que supuso una reducción del 3,2 por ciento a nivel global, que contrasta con el crecimiento del diez por ciento de las ventas de las bodegas valencianas .

Las produccción de los espumosos alcanzó el último ejercicio un valor económico de 1.146 millones de euros .

El informe señala que durante el pasado año el consumo de cava en España aumentó un 0,3 por ciento (de acuerdo con fuentes de AC Nielsen), «dejando atrás años complejos por los efectos de la crisis económica y las turbulencias políticas ajenas al sector».

La DO del Cava, a través de su presidente, Javier Pagés , ha verbalizado la satisfacción del Consejo Regulador con el decreto del Ejecutivo en funciones porque, a su juicio, «ahora se podrán planificar las plantaciones en función de la realidad del sector».

En los últimos diez años la superficie destinada a la producción de uva para el cava ha pasado en España de las 31.000 a los 38.000 hectáreas .

La visión lejos de las bodegas catalanas es distinta. La Junta de Extremadura , presidida por el PSOE, ha anunciado la presentación de un recurso contra la iniciativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que ha cedido a las presiones de la DO, copada por bodegueros catalanes. Además, la Junta de Extremadura considera que el Real Decreto «no es conforme a la normativa comunitaria», que atribuye la competencia de regular la superficie de cultivos agrícolas a los estados miembros.

Asociaciones agrarias como Asaja en Extremadura y la Comunidad Valenciana han denunciado lo que califican como «política proteccionista de los productores catalanes», lametan haber sido utilizados «como moneda de cambio» e insisten en defender su potencial de crecimiento, que ahora se verá frenado por la nula representatividad en un Consejo Regulador controlado por los productores y bodegueros catalanes, que habían sufrido en los últimos años una caída de las ventas vinculada en cierta medida al rechazo generado por el proceso soberanista y por el auge de sus competidores.

Con todo, a diferencia de la Junta de Extremadura, el Gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos , se inclina por no llevar a los tribunales del real decreto. Al respecto, argumenta que «se trata de un asunto de carácter económico que no debe politizarse».

La Generalitat Valenciana admite que «durante los últimos tiempos el Consejo Regulador ha sido enormemente restrictivo a la hora de solicitar la autorización de nuevas plantaciones aduciendo para ello que el mercado de cava se encontraba al borde de la saturación».

Con todo, y de acuerdo con las cifras que manejan la Conselleria de Agricultura y el propio sector, actualmente la producción de botellas de cava valenciano ronda los diez millones , mientras que la superficie registrada, parte de la cual todavía no ha entrado en producción, supera las 3.500 hectáreas y cuenta con un considerable margen para seguir atendiendo la demanda».

Los productores valencianos creen que con ese margen de maniobra todavía disponible -que los bodegueros catalanes no pueden alterar al estar ya autorizado- podría duplicarse en los próximos años hasta los veinte millones de botellas de espumusos.

Así, las cosas, la Generalitat sostiene que «las inquietudes del sector cavista valenciano , respecto al consejo regulador de la DO del cava en particular y de la coyuntura de mercado en general, se centran en estos momentos en la falta de representación dentro de la referida entidad y en la consiguiente dificultad para que sus demandas sean debidamente escuchadas y atendidas».

Por su parte, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana estudia presentar un recurso al decreto del cava que cede a Cataluña el control sobre la producción «ante la renuncia del presidente de la Generalitat. Ximo Puig , a defender los intereses de los valencianos».