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Gómez Bermúdez retira el pasaporte a los exdirectores de CAM

El juez aprecia riesgo de fuga y destrucción de pruebas en Amorós y López Abad

Gómez Bermúdez retira el pasaporte a los exdirectores de CAM

ABC

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que instruye la causa contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), impuso ayer a los ex directores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad la retirada de sus pasaportes, según fuentes ... del caso. Amorós no podrá abandonar el territorio de la Unión Europea, mientras que López Abad ni siquiera puede viajar fuera de España. El magistrado ordenó, además, que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio.

Las medidas impuestas, tal como solicitaba la acusación particular que representa el abogado Diego de Ramón, apuntan a la apreciación por parte del juez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por parte de estos dos imputados. Contra el resto de procesados -el expresidente Modesto Crespo y los exdirectivos Vicente Soriano y Teófilo Sogorb- no se han adoptado medidas cautelares, según las mismas fuentes. Asimismo, Gómez Bermúdez ha desestimado la petición de la acusación de imponer una fianza de 12 millones de euros a los cinco imputados para eludir la cárcel.

López Abad se desvincula

Las medidas cautelares fueron adoptadas en una vistilla que se celebró una vez finalizada la ronda de comparecencias de los cinco imputados hasta la fecha, con la declaración de López Abad. El exdirector de la caja logró declarar el último al alegar su abogado, Javier Boix, una citación previa que le impedía acudir a la Audiencia Nacional la semana pasada.

Durante su declaración, López Abad, que atribuyó los problemas de CAM a la coyuntura global, se desvinculó de la concesión de créditos de alto riesgo vinculados al «ladrillo» -la acusación se centra especialmente en Polaris World-, así como del lanzamiento de las participaciones preferentes. Los exdirectivos que abrieron las declaraciones atribuyeron la «maternidad» del producto -así como de las cuotas participativas- a Amorós, que fue adjunta de López Abad hasta su prejubilación en 2010, si bien ésta también negó que tuviera responsabilidad en el lanzamiento del producto.

El magistrado, que retomó la causa abierta en noviembre del pasado año por Grande-Marlaska, les imputa la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.

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