El Gobierno reabre la guerra del agua al confirmarse el recorte del 40% de los trasvases del Tajo al Segura

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménes, ha valorado como «burla al sentido común» el documento con la planificación hidrológica del Tajo, que está «descoordinado» con la del Segura, por lo que auguró una «chapuza» con artimañas para su aprobación definitiva por el Consejo de Estado.

Por eso, ha pedido el cese «inmediato» de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera , por considerarla «una incompetente ideológica».

En una rueda de prensa junto a miembros de su equipo directivo, Jiménez ha alertado de que este plan está hecho «a medida» para «acabar» con el trasvase Tajo-Segura «única y exclusivamente», y afectará «al medio ambiente, a las personas, a los hogares, a los negocios y a los regadíos del Levante». Esta intencionalidad la ve en que el Tajo es el único río de España en el que se aumentan los caudales ecológicos.

Además, ha concretado que se incrementan en el tramo que «mejor está», en zonas de Talavera de la Reina (Toledo) y Aranjuez (Madrid), mientras que se rebajan esos caudales en un tramo del Jarama, «posiblemente el más contaminado del país», así como en otro a la salida de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en este caso «para satisfacer las demandas de recreo turístico», según su interpretación.

«No se puede negar de ningún modo que el Gobierno socialista no cumpla con sus promesas. Hace cuatro años, exactamente el día 20 de abril, que el presidente de esta Nación prometió en un mitin en Albacete, cuando era candidato, poner fin a los trasvases y, visto lo visto, hablaba solo de uno: el Tajo-Segura», ha dicho.

Cuatro años después, estos planes se han concretado con «un objetivo única y exclusivamente», que es «acabar» con el acueducto.

En palabras del dirigente de SCRATS, se trata de una cuestión «meramente ideológica» porque el sindicato ya demostró «con técnica» que «no era necesario» el recorte.

Y para reforzar esta tesis, Lucas ha señalado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , «es el ganador» de la «batalla» de la planificación hidrológica del MITECO, «quizás por gritar más que el resto en esa contienda política».

No obstante, ha avisado también de que a Castilla-La Mancha esto «no le ha beneficiado en nada», y ha hecho «un flaco favor que roza el ridículo estruendoso» a los dirigentes del PSOE de la Región de Murcia, Alicante y Almería.

Tras conocer ese aumento hasta 8,3 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico en el Tajo, la Generalitat Valenciana -gobernada por el el socialista Ximo Puig - anunció que recurrirá estos cambios que perjudican al sector agrario en su región.

«La herramienta que tenemos para confrontar con el Plan del Tajo, que se va a aprobar con toda seguridad de forma unánime el 3 de mayo, se llama Plan Hidrológico del Segura», ha subrayado el presidente de los regantes, convencido de que este documento confronta de manera inédita con el del Tajo, algo que ha tildado de «rocambolesco» porque »por primera vez« en la historia dos planes «no están coordinados».

Ante esta discordancia, SCRATS defenderá jurídicamente, «con uñas y dientes», el trasvase porque entienden que en el Ministerio «han ido dejando lagunas propias de la prepotencia con la que han actuado».

A su juicio, «el Ministerio ha tenido la santa chulería de avisar de que va a provocar unos daños a unas poblaciones; es decir, ha amenazado con el golpe y lo ha perpetrado», ha denunciado Jiménez, para quien lo que está en juego son «las posibilidades de futuro» de la cuenca hidrográfica más deficitaria de Europa.

También ha avanzado que el SCRATS convocará una asamblea general para establecer un calendario de protestas porque no tiran la toalla en esta lucha, ya que existe «una prueba evidente de que se va a producir un daño patrimonial anual» a las tres provincias, que ha cifrado en unos 130 millones de euros , a lo que ha sumado la pérdida de más de 8.000 empleos directos .

Además, ha vaticinado que el plan saldrá adelante el día 3 de mayo y pasará al Consejo Nacional del Agua, otro órgano consultivo y no vinculante, donde «no va a haber ningún análisis».

Después, «habrá un informe y un dictamen del Consejo de Estado que expondrá que hay dos planes que no están coordinados y emitirá un informe, entiendo, advirtiendo al Gobierno de esa descoordinación», según su pronóstico. Será este «quien actúe a través de un real decreto a través de un consejo de ministros», ha concluido Jiménez.