Los regantes alicantinos se rebelan contra la «sentencia de muerte» al trasvase Tajo-Segura

La amenaza para los regantes ya la pueden medir en números: una primera propuesta de 80 céntimos por metro cúbico de agua , además abierta a que pueda encarecerse según el coste energético de la desalinización, es decir, hasta 1,2 o 1,3 euros, «algo inasumible en el campo», tal como se lamenta el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu . A su juicio, «el Ministerio busca la vía medioambiental para acabar con el trasvase» y no tiene en cuenta que la alternativa declarada de sustituir esos recursos hídricos en un 95% por volumen de desalinización «es inviable» , no solo por esos costes económicos, sino porque tiene que mezclarse con otras aguas para poder regar.

Esta misma semana, alicantinos y murcianos han anunciado alegaciones contra el Plan de Cuenca del Tajo, en el que se asestará el golpe mortal a los trasvases, al elevar una cuarta parte el caudal ecológico mínimo en los próximos seis años.

Y no están solos en esta batalla, porque el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , anunció el pasado martes que también su Gobierno autonómico alegará contra estos nuevos baremos calculados sin criterios «rigurosos» y sin basarse en estudios científicos «actualizados».

«Se criminaliza a los agricultores en favor de los movimientos ecologistas con nuevas exigencias», denuncia el representante de Asaja, que anuncia protestas dentro del denominado «movimiento #SOSRURAL » a lo largo del próximo invierno y la primavera.

Además de esta rebelión en la calle y en ámbito administrativo de la tramitación de las planificaciones de las confederaciones hidrográficas para el próximo lustro, el sector también mantiene la vía judicial con un contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que ya ha modificado las reglas de explotación del acueducto.

Igualmente, en este otro frente de defensa jurídica, se involucraron primero la Diputación de Alicante y luego la Generalitat Valenciana, con sendos contenciosos ante el Supremo. En juego está el dejar las transferencias del Tajo al Segura al 40% de su volumen en cinco años. Aunque ese aparente consenso en el ámbito político dista mucho de ser real, porque las administraciones gobernadas por el PP exigen su mantenimiento intacto, mientras que los socialistas aceptan la desalinización como alternativa.

Las reservas hídricas actuales en la cuenca del Segura se encuentran al 33,3% de su capacidad total, lejos de la situación global en la Península Ibérica, donde la media nacional está en el 42,3%. Además, se trata de una de las demarcaciones con menos volumen acumulable, por el tamaño y número de sus embalses.

En cuanto a los niveles en los pantanos situados en la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), superan esa realidad global en España con un 44,3% de su capacidad. En el caso concreto de los dos embalses de donde se abastece el acueducto para el Segura, Entrepeñas y Buendía, suman 653 hectómetros cúbicos, con lo que están en el Nivel 2, con lo que el Gobierno central tiene que autorizar de forma automática un trasvase mensual ahora de 27 hectómetros, tras su recorte con la nueva norma, y sin que la ministra Teresa Ribera pueda variar esa cantidad.

Como alternativas a los recortes, los regantes del sindicato Scrats han presentado a los dos últimos gobierno un estudio con 17 posibles conexiones entre cuencas para repartir el agua.