La Generalitat niega la quita al Grupo Zeta y la reduce a la venta de un activo tóxico «sin presiones»

Illueca ha responsabilizado al PP de haber concedido el crédito en su día para controlar los medios de comunicación. «Ahora el IVF no hubiera dado ese préstamo», ha matizado, a Pecsa - propiedad del grupo editorial- empresa editora del periódico Mediterráneo, del que es accionista el president de la Generalitat, Ximo Puig . Un detalle que el máximo responsable del IVF ha obviado en su intervención, de alrededor de una hora, hasta ser interpelado por la oposición, que ha planteado un posible conflicto de intereses.

Illueca ha comparecido a petición propia en la Comisión de Economía de Les Corts para explicar una venta que ha calificado de «incuestionable» y que «no plantea dudas jurídicas en cuanto a su legalidad» porque se ha hecho «en defensa de lo intereses de los valencianos» y con «criterios técnicos profesionales» para recuperar el máximo dinero posible. Para ello ha asegurado que no era necesario ningún decreto , aunque esperó a que el Consell aprobará una resolución de caracter general - que regulaba la enajenación de activos- para «maximizar» las garantías jurídicas.

Una comparecencia en la que el director de la banca pública ha puesto el foco en que nadie le ha presionado en ningún momento y que en caso de producirse imposiciones «como funcionario, me volvería a mi casa» .

Illueca ha explicado que el IVF formaba parte, en una posición minoritaria, de un crédito sindicado junto con otras 23 entidades financieras. El instituto decidió desprenderse del mismo por la situación de insolvencia del Grupo Zeta con la venta de un activo tóxico a «precios de mercado y en igualdad de condiciones» respecto al resto de la banca a una empresa de la cual «no es accionista el president». Tampoco hay, a su juicio, «ninguna quita a ninguna empresa» en al que tenga acciones el jefe del Consell .

Explicaciones que no han convencido al PP. El diputado popular, Rubén Ibañez , ha reprochado a Illueca la falta de acceso a la documentación del caso - Les Corts han rechazado el recurso de la formación que pedía acceder a documentos del IVF -, a lo que el director de la entidad ha contestado que es difícil recoger todos los expedientes en poco tiempo y en época estival.

Ibañez ha insistido en que, a su juicio, con la operación no se buscaba salvar un medio de comunicación sino «las acciones del presidente», que ha envíado a la comisión a «un cortafuegos» .

En la misma línea, la diputada de Vox, Ángeles Criado , ha pedido la dimisión de Ximo Puig, por lo que considera «un ataque a la libertad de prensa» , al favorecer al «grupo mediático más importante» de la Comunidad Valenciana.

Por parte de Ciudadanos - que ha pedido una comisión de investigación sobre este tema - el diputado Toni Woodward se ha mostado preocupado por la situación de «los trabajadores despedidos en la empresa tras la venta del activo tóxico».

Para el diputado del PSPV, José Muñoz , no es más que un caso «vendido de forma artificial por parte del PP» que abre un nuevo escenario en el que los populares deberían pedir la comparecencia de los antiguos directores del IVF tras conocerse que la entidad arrastraba «665 millones de euros en pérdidas». «Lanzan un boomerang que se les vuelve en su contra», ha recalcado Muñoz.

Sus socios de Gobierno también han cerrado filas en torno al presidente Puig. Aitana Mas , de Compromís, cree que las cosas están «claras» y se ha mostrado sorprendida con el PP porque llama «chiringuitos» a los mecanismos de transparencia pero al mismo genera la «cultura de la sospecha» permanente. Por último, el diputado de Podem, Ferran Martínez, también cree que se han dado todas las explicaciones necesarias aunque «si Puig considera que tiene que comparecer en Les Corts» apoyarán su iniciativa.