Funcionarios de prisiones

Este planteamiento, que resulta evidente, no se compadece con la realidad de las prisiones españolas. El problema, latente desde hace mucho tiempo, va mucho más allá de la coyuntura política del momento. Viene de antes y, en lo que toca a responsables políticos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La política penitenciara actual en España ha ido dilatando la búsqueda de una solución con diferentes administraciones y diferentes partidos en los gobiernos de turno. A estas alturas, los informes y las cifras son demoledores.

No les voy a aburrir con datos porque unas pocas pinceladas son suficientes. En los últimos ocho años han desaparecido 3.400 empleos en Prisiones. Tres cuartas partes de la plantilla global superan los 40 años y en los últimos nueve años sólo se ha cubierto con un funcionario nuevo una de cada tres jubilaciones. A fecha de hoy hay 26 módulos sin abrir en distintas prisiones en toda nuestra geografía nacional. Eso no sólo perjudica a los trabajadores. También a los reclusos. Y no es un tema menor.

Defensor de nuestra Constitución, ya lo he manifestado muchas veces, creo que la Carta Magna está para cumplirla. Y el mandato constitucional en esta materia es muy claro. El objetivo del cumplimiento de las condenas es la reinserción y la reeducación de los presos. Una vez repasada la actual situación de las cárceles no parece que eso sea posible.

Recuerden, nadie quiere ir a la cárcel, pero si alguien ha de ingresar, ha de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Insisto. Los funcionarios sí quieren ir. A trabajar, pero es bastante habitual que el desempeño de sus funciones se vea dificultado por la abrumadora carencia de medios. Es bastante habitual que en prisiones ya saturadas, nos encontremos con tan sólo dos funcionarios de servicio por cada 140 internos. Y la solución no parece próxima.

A mí, desde la mirada del observador ajeno al mundo penitenciario, me da la sensación de que la gestión del sector no es la más adecuada. Funcionarios cambiados de puesto, creación de empleos no previstos y una reserva mínima de profesionales en las bolsas de interinos. Es lo que hay.

Lejos de tener una mirada catastrofista, suelo ceñirme a la realidad de los datos. Y los datos, en un tema como este, espantan. Además necesito que alguien me explique por qué es una cuestión silenciada durante años. Diferentes gobiernos han intentado pasar por Prisiones como de puntillas. Como si al no hablar del problema, el problema no existirá. Seguramente vende más hablar de inversiones en sanidad o en educación. Y, además, con un agravante. La diferencia salarial de los funcionarios con destino en diversas Comunidades Autónomas con respecto a los destinados en las cárceles de Cataluña, gestionadas directamente por la Generalitat. Una diferencia que se cifra entre los 300 y los 520 euros al mes. Casi nada para el que mira su nómina a final de mes.

Y no se nos olvide un dato. Los funcionarios de Prisiones son el colectivo de la Administración que más agresiones sufre en el desempeño de su trabajo.

Recuerden… nadie quiere ir a la cárcel, pero las cárceles están llenas. Piénselo. Tal vez sea el momento de que todos nos concienciemos de este problema que nadie parece ver.