Una funcionaria de Santa Pola se apropia de 40.000 euros en subvenciones y comisiones de empresas

El propio Ayuntamiento, que era el que abonaba las ayudas, promovió el inicio de las investigaciones tras recibir una queja de una empresa y un particular sobre la subvención. Se le imputa a esa empleada municipal de 52 años de edad además, dos delitos de falsificación de documentos, un delito de apropiación indebida de cantidades económicas y un delito de usurpación .

Asimismo, se ha tomado declaración a los responsables de diversas empresas que fueron contratadas durante el tiempo que la acusada ejerció sus funciones, por lo que han quedado en calidad de investigados como presuntos autores los directivos de dos de ellas, dos hombres de 58 años, según las mismas fuentes.

Las diligencias han sido puestas ante el Juzgado de Instrucción de Elche. Los presuntos autores se encuentran en libertad con cargos , mientras que la funcionaria, que trabajaba en el Ayuntamiento desde hace dos décadas y que se encontraba en situación de baja médica desde hacía unos meses, ya ha sido retirada de sus funciones.

Una de las funciones de la presunta autora era la de informar las solicitudes de autorizació n presentadas ante el Ayuntamiento, por parte de empresarios, para realizar determinado tipo de actividades en la localidad. Así que, tal y como corroboraron los investigadores, ella les pedía dinero para mostrarse favorable y que prosperaran las peticiones.

Las cantidades reclamadas oscilaban entre 500 y 2.500 euros , en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante con la actividad realizada, en caso de obtener la pertinente autorización.

Supuestamente también falseaba documentación, contratos o incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios , para quedarse con parte, o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones.

Asimismo, en el momento de su detención, los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia , por un delito de estafa cometido contra un prestamista de la Región.

Por último, también se está investigando a directivos de dos empresas, una con sede en Cox (Alicante) y otra en Molina de Segura (Región de Murcia), a los que se les imputan los delitos de cohecho activo , al haber entregado retribuciones a esta funcionaria.