La Fiscalía ve delito en el presunto maltrato a ancianos en la residencia DomusVi de Llíria

Telecinco, y luego otros medios de comunicación, difundieron el pasado mes de septiembre unas imágenes en las que se puede ver a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos , supuestamente desatendidos para comer e, incluso, abandonados tras caer al suelo. La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación el pasado 9 de septiembre ante la gravedad de las imágenes.

En su escrito de este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, señala que, tras la investigación preliminar, considera que las situaciones de abandono y desprotección a ancianos que parecen haber ocurrido en esa residencia pueden ser constitutivas «de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal».

Por ello, ha remitido sus diligencias a los juzgados de esta población para que abran una investigación penal contra los responsables de las mismas.

«A raíz de las actuaciones llevabas a cabo por la Fiscalía», dice el escrito, «se infiere que existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora de la residencia, en su posición de garante, y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral».

Este hecho, continúa, «todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección".

Por ello «se acuerda la remisión al Juzgado decano de los de Llíria, ya que los hechos investigados, prima facie y, sin perjuicio de ulterior calificación, pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal», añade.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que ve «adecuado» que la Fiscalía actúe sobre los «hechos indeseables» ocurridos en este centro, y ha pedido «que se depuren todas las responsabilidades» .

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha respaldado que la Fiscalía actúe en este caso y ha defendido que, si los hechos exceden del ámbito sancionador del derecho administrativo, se aplique el derecho sancionador penal.

Las empresas que operan en un ámbito «tan vulnerable» como el residencial de mayores y que « ponen el lucro y el beneficio económico por delante del bienestar de las personas residentes no tienen lugar en un sistema que lo que quiere es poner en el centro a las personas, su dignidad y los buenos tratos», ha indicado la consellera.

Ha destacado que ya habían detectado que en esa residencia de Llíria se estaban produciendo «hechos indeseables, y además sancionables desde el punto de vista de la legislación administrativa», y ha recordado que se le impuso la mayor sanción que la Generalitat ha resuelto nunca contra una residencia.

Oltra ha indicado asimismo que este centro « forma parte de un entramado empresarial que tiene problemas de tratos no correctos y degradantes» a las personas residentes, no solo en la Comunitat Valenciana, sino que también ha tenido problemas en Cataluña, Galicia y Castilla y León.