Dos exdirectores de Vaersa piden que la empresa pública pague sus fianzas y la juez lo rechaza

La jueza impuso en el mes de enero 500.000 euros de fianza a Felipe Espinosa Bolaños y 50.000 euros a Enrique Simó Arnau, ambos exdirectores de la firma, para hacer frente al pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente en el supuesto de que fueran condenados por los delitos de prevaricación y malversación por los que están imputados.

La instructora considera que e stos delitos tienen carácter doloso y, por tanto, están excluidos de la cobertura del seguro suscrito por Vaersa. Al respecto, explica que el delito de malversación de caudales públicos es un delito "eminentemente doloso", ya que supone "la causación de un menoscabo al patrimonio del Estado y se lesiona la confianza depositada en aquellas personas que, bien por razón de su cargo, bien por su inmediata relación con el patrimonio público, se apropien de ellos o los destinen a fines privados".

En su auto, la jueza considera que, según la Ley de Contrato de Seguro, "no cabe el aseguramiento del dolo al establecer expresamente que el asegurador estará obligado al pago de la prestación , salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por la mala fe del asegurado. De ahí que el autor doloso jamás podrá verse beneficiado por el contrato de seguro".

Por este motivo, la jueza concluye que "el afianzamiento de la responsabilidad civil que pudiera corresponder a los investigados no puede ser exigida (...) a la compañía aseguradora con la que la entidad pública Vaersa, perjudicada en su caso por dichos delitos, concertó un seguro para que cubriese la responsabilidad civil de la propia Vaersa por la actuación de los miembros del órgano de administración", de directivos, altos cargos, administradores, gerentes u otro cargo similar de la sociedad.

En el 'Caso Vaersa' se investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exconsejera delegada, (Ángeles Ureña), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.