La Diputación de Valencia muestra el rechazo de todos los grupos a los actos violentos del 9 d’Octubre

"Para llegar a un acuerdo y que saliera la declaración institucional hemos aceptado la de las Cortes, pero eso no quita que nosotros consideremos que la actuación no fue la correcta", ha precisado la diputada de EU Rosa Pérez.

La declaración institucional muestra la "firme condena" de la Diputación de Valencia a los "actos violentos", tanto verbales como físicos, ocurridos durante la Procesión Cívica y la manifestación con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Lamenta que "las agresiones, insultos y exhibición de simbología nazi por parte de movimientos ultras, empañaron un día de celebración para todo el pueblo valenciano, intentando interrumpir el normal ejercicio de expresión de los valencianos que quisieron sumarse a la marcha dentro del marco de la reivindicación democrática en un entorno de respeto y convivencia".

Por ello, desde la corporación provincial han querido expresar el "enérgico rechazo" a los ataques contra "la integridad física y moral que se vivieron contra la sociedad civil y contra diversos representantes de las instituciones valencianas".

Además, el texto recuerda que el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión "pacífica y de manifestación", por lo que el Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "deben velar para asegurar su libre ejercicio en un entorno de seguridad y con plenas garantías".

Previamente se han debatido dos mociones presentadas por PP y Compromís relativas a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Cataluña durante el 1-0 . Ambas han salido adelante. En el caso de la moción del PP, el PSPV, Ciudadanos y los no adscritos han votado a favor, mientras que la de Compromís ha contado con el respaldo también de los socialistas y de EU y València en Comú.

El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha explicado ante los medios la postura del PSPV respecto a estas mociones antes del pleno, remarcando que han intentado llegar a un consenso "dando apoyo" a las fuerzas de seguridad y "también advirtiendo que en ningún caso se puede tolerar un abuso de la fuerza o una fuerza innecesaria para el fin último que se pretende". Así, los socialistas han dado su voto a favor de ambos textos .

Esta posición, ha dicho, trata de que "en un momento en el que precisamente la situación está sacando lo peor de cada una de las partes, evitar el partidismo, la polarización política en un momento en que la sociedad está sobradamente polarizada y tratar de tender puentes y no hacer trincheras".

La diferencia entre ambas mociones es que la del PP "considera que no ha habido abuso" en la actuación de las fuerzas de seguridad y "condena los excesos de la ciudadanía", mientras que la de Compromís "considera que hay que condenar tanto los excesos de personas que subieron al coche de la Guardia Civil o actuaron fuera de la legalidad" pero "también los excesos de las FCSE".

En la moción de Compromís se acuerda manifestar el apoyo a los profesionales de los diferentes cuerpos de seguridad que han cumplido en sus actuaciones la normativa y "lamentar el uso político que se ha intentado hacer de las policías" para resolver y controlar "un problema de trasfondo que va más allá de las normas y que requiere soluciones políticas".

Asimismo, condena las actuaciones individuales o colectivas policiales "que han traspasado la legalidad vigente" sin respetar criterios de proporcionalidad, con las oportunas exigencias de responsabilidades, y también aquellos hechos en los que la ciudadanía "haya podido traspasar lo que se puede considerar legítima manifestación o muestra de indignación contra los miembros de los cuerpos policiales, y muy especialmente aquellas agresiones que afectan a familiares de los profesionales".

La moción del PP, por su parte, plante el apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su defensa y protección de los derechos y las libertades, así como la condena "al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen".

También condena, en este mismo sentido, "cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia".

Además, insta a las instituciones españolas a utilizar "con determinación y firmeza, desde la proporcionalidad y oportunidad" todos los mecanismos que le atribuyen la Constitución y las leyes para defender la soberanía del pueblo español, y actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, "desde la ilegalidad y contra la voluntad del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España".