El PP lleva a las Cortes Valencianas el apoyo a las fuerzas de seguridad tras los sucesos en Cataluña

En el escrito explican que, desde el pasado 20 de septiembre -fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consellerias y organismos técnicos de la Generalitat- y hasta el domingo 1 de octubre -día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal-, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones».

Toda la sociedad española, prosiguen, ha sido testigo a través de los medios de comunicación «del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho». «Los ciudadanos han podido ver cómo algunos manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de los medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la comunidad autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles», afirman.

Hechos que, remarcan, han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de estos y otros delitos.

En el contexto descrito, se argumenta en la iniciativa, el Gobierno de la nación se ha visto obligado a adoptar medidas «con el objeto de garantizar el cumplimiento de la ley en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en la norma que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público ».

Las «explosiones de violencia», señalan, tienen que ver «con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático». «No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político e ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en su condena, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas» destaca la iniciativa.

El PP considera que es un deber y una obligación que todos los partidos democráticos « rechacen y condenen, rotunda y sistemáticamente, cualquier comportamiento de naturaleza violenta , así como cualquier acción justificativa de los mismos». Por eso, apuntan en la PNL, es «injusto e intolerable» que se les trate como «enemigos», cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que «cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos». A su entender, merecen el «cariño, la admiración y el respeto» de toda la sociedad por la labor que realizan.

Por todo ello, el grupo parlamentario popular propone que las Cortes Valencianas manifiesten su «apoyo y respaldo incondicional» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

Igualmente, pide al Parlamento autonómico que exprese su condena al «acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en la que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia».