La Diputación de Valencia anuncia el cierre «ordenado y definitivo» de Divalterra

«Se acabó Divalterra», ha anunciado, y ha avanzado que convocará «cuanto antes mejor» una nueva Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a su disolución, liquidación y extinción , según ha informado en un comunicado.

La decisión se ha conocido justo en el día en el que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València, encargada del conocido como caso Imelsa, ha procesado al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus , al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio y a otras 24 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa .

Desde el PP , su portavoz, Vicente Mompó , ha calificado este anuncio de «giro» de Gaspar como «un intento desesperado que no va a tapar en ningún caso las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer» en el proceso de selección de la Jefatura de Recursos Humanos de la empresa, que ha anunciado que llevará a Fiscalía , y «las responsabilidades que de ellas se puedan derivar». Cs , por su parte, ha mostrado su sorpresa por el anuncio y ha pedido que se respeten los derechos de los trabajadores.

Gaspar ha argumentado que esta medida «permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de gobierno de la Diputación, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra», ha apuntado.

Según ha detallado, con la disolución, el Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas , la mayor parte de los trabajadores de la empresa, mientras que la propia corporación asumirá y reubicará al resto de la plantilla , como ha sucedido con el Patronat de Turisme. De hecho, Gaspar ha informado a los trabajadores de la empresa de la decisión tomada al tiempo que se hacía pública en la Junta General.

El presidente de la Diputación ha situado Divalterra como «exponente de esa enfermedad que sufre la política en estos tiempos inciertos, que no es otra que insistir en lo mal que lo hacen los demás y justificar lo bien que lo han hecho los nuestros». Frente a esta «realidad guionizada», asegura que prefiere «dar respuesta a los problemas históricos que perduran en esta institución tratando de darles solución, sin contribuir al molesto ruido que solo aporta descrédito».

«Los errores cometidos en Imelsa y después en Divalterra impulsaron la voluntad de este equipo de gobierno de dar estabilidad y viabilidad a la empresa», ha añadido el presidente, que ha señalado que la solución es fruto de la voluntad del equipo de gobierno que encabeza y del informe conjunto encargado a los departamentos de Secretaría e Intervención de la Diputación, que ha analizado los diferentes escenarios planteados para el futuro de la empresa.

Según ha informado la corporación provincial, el resultado del informe «conduce hacia un proceso de disolución que abordará con urgencia la integración de los brigadistas, parte principal y mayoritaria de Divalterra, en el Consorcio Provincial de Bomberos, al tiempo que el resto de servicios minoritarios que presta la empresa se integrarán en la Diputación».

«La letra pequeña la iremos definiendo de forma conjunta; mañana mismo he convocado a los representantes de los trabajadores para empezar a escribirla», ha señalado Gaspar, que espera tener «la colaboración de todos en este histórico paso», ya que «el único beneficio al que aspiramos en este último capítulo de la empresa es el futuro laboral de quienes la integran y el servicio que prestan a los municipios valencianos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Maria Josep Amigó , ha considerado que esta ha sido «una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar».

Amigó ha añadido que esta decisión «se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores , que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa».