Denunciada en Benidorm por septuplicar la tasa de alcohol y conducir en dirección prohibida

Al medio día de este domingo 1 de mayo, la conductora de un turismo se salió de la carretera CV-729 a su paso por la localidad de Sanet y Negrals , situada en la Comarca de la Marina Alta.

A la llegada de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia, arrojando una tasa de 1,90 miligramos por litro en aire espirado, septuplicando la tasa máxima permitida, que son 0,25 mg/l. Los agentes encargados de la investigación pudieron comprobar que momentos antes de salirse de la vía, condujo varios kilómetros de forma temeraria , en sentido inverso al de la circulación, poniendo en grave riesgo la seguridad y obligando a los vehículos que se cruzaban con ella a realizar bruscas maniobras evasivas.

Fueron los testigos los que, al ver la escena, avisaron de inmediato a la Guardia Civil a través de llamadas al teléfono de emergencias 112, mientras grababan un vídeo en el que se aprecian los hechos.

Finalmente se produjo un accidente al salirse de la carretera por la que circulaba, invadiendo una rotonda a la que se incorporó en sentido contrario . Afortunadamente, el único vehículo afectado fue el de la conductora, que viajaba sola, y no sufrió lesiones graves.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Atestados de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Benidorm. A la presunta responsable, una mujer de 52 años , de nacionalidad española, se le imputan dos delitos contra la seguridad del tráfico: uno por conducción temeraria, y otro por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Según han constatado los agentes, circuló en sentido contrario durante dos kilómetros y medio.

Estas conductas pueden ser castigadas según el Código Penal con penas de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, según el artículo 379 del Código Penal, por cada uno de los delitos contra la seguridad vial cometidos.