Cuatro años de cárcel a un funcionario por apropiarse de 200.000 euros de una cuenta judicial

La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha dictaminado que el funcionario se hizo con la clave de acceso a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Ministerio de Justicia. Con ese código, "bien de su puño y letra, bien valiéndose de otro, falsificó la firma de la secretaria judicial" y realizó 40 mandamientos de pago indebidos a favor de familiares y conocidos para "obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial", tal y como recoge el fallo.

Ese dinero había sido consignado por terceras personas en la cuenta del Ministerio para hacer frente a sus responsabilidades en casos penales o civiles tramitados por el juzgado mixto 1 de Dénia.

Sin embargo, acabó siendo cobrado en efectivo en oficinas de una entidad bancaria por familiares, conocidos y amigos de Vicente Andrés G.E., en detrimento de los legítimos beneficiarios y del Estado, que ejerce en esta causa la acusación particular.

Esos ocho coacusados conocían la "falsedad" de los mandamientos de pago librados a su favor y colaboraron con el principal sospechoso en el fraude, según el tribunal.

Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, el funcionario ahora condenado reconoció el fraude pero implicó en el mismo a un oficial del juzgado y a la secretaria interina, que fue quien lo denunció. No obstante, los magistrados han otorgado "mayor credibilidad" a la versión que el procesado dio durante la instrucción de la causa, cuando reconoció que había actuado en solitario, se mostró arrepentido y aseguró que quería devolver el dinero.

Para la sala, "carece absolutamente de racionalidad que una persona implicada en la trama fraudulenta sea la que la destape denunciando en el juzgado de Instrucción las irregularidades existentes".

La Audiencia de Alicante le condena por ello a cuatro años y ocho meses de cárcel por delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial, así como a pagar una multa de 1.980 euros.

A sus cómplices les ha impuesto penas que van desde los nueve meses a los tres años de cárcel y multas en función de la cuantía de los fondos públicos que percibieron.