Un funcionario admite un desfalco de 200.000 euros en una cuenta judicial

Ocurrió entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 y la Fiscalía pide provisionalmente para Vicente Andrés G.E. 6 años de prisión. En ese periodo de un año y medio, el sospechoso trabajaba como interino en el juzgado dianense con el cargo de tramitador.

El Ministerio Público sostiene que el funcionario se hizo con la clave de acceso a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la que es titular el Ministerio de Justicia y libró "hasta 40 mandamientos de pago indebidos" para "obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial". El dinero, 203.255 euros en total, había sido consignado por terceras personas en esa cuenta para hacer frente a su responsabilidad civil en casos penales o civiles tramitados por el juzgado mixto 1 de Dénia.

Sin embargo, acabó siendo cobrado en efectivo en oficinas de una entidad bancaria por familiares, conocidos y amigos de Vicente Andrés G.E., en detrimento de los legítimos beneficiarios y del Estado, que ejerce la acusación particular en la causa como titular de la cuenta desvalijada.

Esos ocho coacusados conocían la "falsedad" de los mandamientos de pago librados a su favor y colaboraron con el principal sospechoso en el fraude, según la fiscalía, que solicita para ellos penas que va desde los dos a los cinco años de cárcel.

Aunque en sus declaraciones -durante la investigación- el funcionario sostuvo que había actuado en solitario, a espaldas del resto de trabajadores del juzgado, ahora en el juicio ha cambiado su versión y ha implicado en los hechos a un oficial y a la secretaria judicial interina que denunció el fraude .

"Cuando yo llegué allí, aquello era común en ese juzgado. Yo esto no lo invento. En una comida se dijo que se podían sacar cantidades de 100 o 200 euros porque en el juzgado no había ni bolígrafos", ha declarado al tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Alicante que le juzga desde el martes hasta el miércoles.

Vicente Andrés G.E., que ha acudido a la vista esposado y custodiado por dos policías, ha implicado en la organización de este desfalco tanto a la secretaria judicial como a un oficial del juzgado en esa época, con los que ha dicho haberse repartido las ganancias.

"Ella me dijo que buscara a personas porque había mucho dinero para dárselo", ha precisado respecto a la denunciada, y ha matizado que los fondos sustraídos procedían de casos de "hace 20 años" y no habían sido reclamados por los legítimos beneficiarios o estos no se habían localizado. En cambio, ha exculpado a los otros ocho acusados tras manifestar que fueron "engañados" por él y desconocían el origen ilícito del dinero que fueron a cobrar a las oficinas bancarias.