El coste final de los hospitales de campaña de la Generalitat Valenciana se decidirá en los tribunales

La empresa Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT) , adjudicataria del contrato, no ha alcanzado un acuerdo con la Conselleria de Sanidad y reclamará por la vía judicial 6,5 millones de euros en concepto de suministros de material y alquileres que no han sido abonados por la Generalitat Valenciana, según ha avanzado este miércoles «Las Provincias» .

La Conselleria de Sanidad solo reconoce una deuda por, aproximadamente, la mitad de la cifra que le reclama IDAT. El Gobierno valenciano argumenta que parte del material contratado sufrió un «retardo en la entrega» . La empresa pide que se le abonen 1,68 millones de euros por unos contenedores con sistema de generador y llenador de oxígeno hospitalario, que a día de hoy no se han utilizado.

De hecho, los hospitales de campaña inaugurados en abril del año pasado por el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig en Alicante, Castellón y Valencia apenas han albergado ingresos. En las instalaciones de esta última ciudad se tuvo que desalojar a una veintena de pacientes el pasado mes de enero por unas fuertes rachas de viento.

Así, el hospital de campaña de Valencia se han empleado fundamentalmente para la realización de pruebas PCR para el diagnóstico del coronavirus y como punto de vacunación.

La Generalitat abonó, a través de la Conselleria de Justicia, nueve millones de euros por la instalación y dotación de los hospitales de campaña. Sin embargo, la compañía sostiene que los posteriores encargos de Sanidad elevaron el coste por encima de los quince millones de euros. Tras no haber alcanzado un acuerdo amistoso, ya que la Conselleria entiende que no se cumplieron todos los plazos estipulados, la el coste final de los controvertidos hospitales de campaña se determinará en un juzgado, conforme había admitido ambas partes.

El pasado mes de diciembre, la Agencia Valenciana de Antifraude anunció la apertura de una investigación a la Generalitat por el procedimiento de emergencia empleado para la adjudicación de los contratos que, con el argumento de la pandemia del coronavirus, permitió al Gobierno de Ximo Puig recurrir a encargos con carácter verbal, en los que no se contempla ni la mediación de los presupuestos ni la concurrencia de ofertas.

En ese punto, de hecho, radican las discrepancias entre la Generalitat y la adjudicataria de los hospitales de campaña que terminarán en los tribunales.