Dos ediles del PP valenciano piden archivar su causa por blanqueo

Simón presentó ayer el escrito de sobreseimiento ante el juzgado al entender que no existen elementos suficientes, ni objetivos ni subjetivos , que sustenten los indicios de criminalidad.

En él se alude a su posición jeráquica y a que no existe «cercanía física» de la concejal a estas cantidades. Aunque destaca que está acreditado que la edil realizó la aportación de mil euros «sin una finalidad concreta y sin presuponer su destino», alega que ni siquiera contaba con «autorización en las cuentas bancarias y, en ningún caso, ni de derecho ni de hecho, ejercía ascendiente o superioridad sobre la coinvestigada Mari Carmen García Fuster (secretaria del grupo), quien llegó a afirmar en su declaración que nadie le pedía cuentas, lo que equivale a que no rendía cuentas», al menos no a ella.

Tanto la defensa de Simón como la de Novo ponen en entredicho toda la investigación sobre blanqueo por no concretar el delito que ha dado origen a la cantidad de dinero ilícito. « Si no existe dinero que lavar, no existe blanqueo (...). Ni hay dinero en efectivo; ni hay fajos; ni hay billetes de 500 euros», consta en el escrito del que fuera portavoz popular en el Ayuntamiento, en el que también alimenta la teoría de que la conversación de Alcón son su hijo en la que habla abiertamente de cómo lavaba el dinero está preparada: «Con el debido respeto, la suerte de la policía es realmente llamativa : El mismo día en que se hace la transferencia se interviene el teléfono; y el mismo día en que se interviene el teléfono (aunque sea por otros motivos, de lo que en su caso hablaríamos en otro momento si hubiera lugar) se produce el hallazgo de los hechos que han centrado la presente investigación».

Simón explica, por su parte, que la inclusión en calidad de investigada en la presente pieza, concluye, «fue del todo superflua, innecesaria y muy perjudicial; y mantenerla en dicha condición tras la práctica de las diligencias de investigación ahonda en la vulneración de sus derechos constitucionales reconocidos».

Su defensa considera que, dado que no se ha solicitado la práctica de nuevas diligencias por parte del juzgado y que la ampliación de la investigación se suscribe al presunto delito electoral, su implicación en ello es «inconsistente» y no se ve afectada .

Ambos expresan que realizan ahora esta petición ante la voluntad del juez de dar por finalizada la instrucción del blanqueo una vez el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si asume la causa que afecta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como publicó ABC .

Esta es la posibilidad que estudia ahora el juez encargado del caso, Víctor Gómez. Los próximos pasos se centrarán sobre todo en realizar nuevas averiguaciones dentro de la ampliación de la investigación a supuesto delito electoral y acabará, casi con toda probabilidad, en una pieza separada del blanqueo , dentro de la que se encuentra incluida.

El juez agilizará así la instrucción de esta última para tomar una decisión lo más pronto posible, aunque el fiscal ha respondido al informe solicitado por él de declarar la causa compleja señalando un plazo de instrucción de 18 meses . Todo apunta, según fuentes conocedoras del proceso, a que el magistrado se decantará por la apertura de juicio oral a todos los investigados, tanto concejales como asesores (dos de los cuales ratificaron ayer en la comisión de investigación del Ayuntamiento en que se negaron a aportar los mil euros). Pero para dar por finalizada la instrucción tendrá que esperar a la decisión que tome el Supremo respecto a Barberá después de que el 21 de abril el magistrado elevara la exposición razonad a para que se pronuncie sobre si procede a citarla como imputada debido a su condición de aforada. El TS tiene que comunicar si asume el caso y sigue adelante, pero podría no hacerlo público hasta después de las elecciones del 26 de junio.

Mientras todo esto sucede, la pieza principal de la causa de Imelsa -la que todavía permanece bajo secreto de sumario- sigue avanzando. Esta misma semana (entre mañana y el viernes) se levantará el secreto de dos o tres de las (al menos) cinco piezas en las que el juez pretende trocear la investigación. Probablemente, se tratará de las relacionadas con la contratación de asesores «zombies» a través de la empresa pública Imelsa por parte de todos los partidos - que, sin ir a trabajar, podrían haber cobrado un sueldo público, además de haber sido contratados a través de enchufismo-; y de la que afecta a las supuestas irregularidades en la gestión del club Olímpic de Xàtiva , el equipo de fútbol que ha presidido el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus desde 2006.