El PP se desvincula del control de las cuentas de Valencia

Según fuentes conocedoras de la comparecencia, Jorge Carbó -quien únicamente respondió a las preguntas del juez y del fiscal, y no a las defensas de los concejales- atribuyó a los bancos la responsabilidad de abrir las cuentas sin la autorización expresa de la gerencia nacional del partido. Un hecho que cuestiona la propia investigación al considerar que con ello no se cumple con los mecanismos de control internos regulados por la propia normativa del partido.

Se refirió, además, a la cuenta de la lotería en la que había 17.000 euros de ganancia con la venta de décimos y sobre la que la Fiscalía puso el foco durante la declaración de uno de los asesores. El representante del PP indicó que Génova tampoco tuvo constancia de su puesta en marcha ni de la utilización de cuentas bancarias para gestionar los ingresos derivados de esta actividad. En este sentido, apuntó al edil Alfonso Grau como el máximo responsable del funcionamiento del partido en la ciudad desde 2013 por su calidad de presidente.

Carbó también aseguró que la dirección nacional desconoce las aportaciones que los investigados realizaron antes de la campaña electoral para las elecciones municipales del pasado año y a través de las que, supuestamente, se blanqueó el dinero devolviendo las donaciones de mil euros en billetes de 500.

La mayor parte de las preguntas durante la declaración se centraron en la estructura interna del partido y en el funcionamiento de los órganos de control. Es decir, en realizar nuevas averiguaciones dentro de la ampliación de la investigación a supuesto delito electoral. Casi con toda probabilidad, esta acabará en una pieza separada del blanqueo , dentro de la que se encuentra incluida en este momento.

El juez agilizará así la instrucción de esta última para tomar una decisión lo más pronto posible. Todo apunta, según fuentes conocedoras del proceso, a que se decantará por la apertura de juicio oral a todos los investigados , tanto concejales como asesores. Pero para dar por finalizada la instrucción tendrá que esperar a varios acontecimientos.

El principal será la decisión que tome el Tribunal Supremo respecto a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El pasado 21 de abril, el magistrado Víctor Gómez elevó la exposición razonada al TS para que éste decida si procede a citarla como imputada debido a su condición de aforada. El Supremo tiene que pronunciarse sobre si asume el caso y sigue adelante, pero fuentes cercanas a la causa dan por hecho que no lo hará público hasta después de las elecciones del próximo 26 de junio. Con ese pronunciamiento del TS -pese a que no lo haya hecho todavía sobre su intención de llamar a declarar como imputada a Barberá-, el juez ya podría seguir adelante. Aunque resulta complicado establecer plazos, el auto de procedimiento abreviado podría estar preparado para el principio del verano .

Entre medias, restan varias diligencias. Todavía falta por declarar una testigo a nombre de la cual existe una de las cuentas desde la que se realizó la aportación de mil euros. Y también queda pendiente la información sobre el contenido del teléfono de la exsecretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García-Fuster, que se encuentra revisando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta podría trasladarse al juez en un par de semanas.

El magistrado, en principio, no tiene previsto practicar nuevas diligencias en el blanqueo, por lo que, una vez todo esto suceda, dará por finalizada la instrucción y dictará un auto en el que dará la opción a las defensas de solicitar unas nuevas.

Más allá del proceso judicial, esta posibilidad de juicio oral condiciona de forma absoluta el futuro del PP en Valencia. Mientras Génova sigue avanzando en el expediente informativo abierto a los investigados -y espera igualmente el pronunciamiento del Supremo para llamar a Barberá-, la decisión judicial marcará la política.

Desde la dirección nacional se ha asegurado en reiteradas ocasiones que la línea está puesta en la apertura de juicio oral para expulsar a los concejales -ahora suspendidos de militancia, pero todavía perteneciendo al grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia-. Será entonces cuando se les obligue a devolver el acta o pasarían a ser no adscritos . Un hecho que, además, condicionará la regeneración del partido en la ciudad.