Caso Imelsa: abren juicio oral contra el exsubdelegado del Gobierno y el expresidente del PP en Valencia

Se trata de las piezas B y F del conocido como caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa -encargada de gestionar recursos forestales de la Diputación- y Ciegsa -creada por la Generalitat para la construcción de colegios-. Otros de los procesados son el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

A todos ellos se les imputan delitos continuados de malversación , prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos. Rus y Caturla suman también el de pertenencia a organización criminal.

En un auto hecho público este viernes, la instructora ha señalado como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y ha requerido a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto 4,7 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de doce años de cárcel para Rus y otros seis años para Rubio. Para Caturla y el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

Al exgerente de Imelsa -actualmente bajo el nombre de Divalterra-, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', el Ministerio Público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el procedimiento de los 'zombies' de Ciegsa , solicita una pena de seis años de prisión para Caturla por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 20 años de inhabilitación. Para los 'zombies' pide cuatro años de cárcel. Y una indemnización conjunta y solidaria de 1.042.637 euros.

Rafael Rubio , que ya estaba imputado en este proceso cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia, se encuentra en prisión tras ser detenido la semana pasada en el denominado caso Azud, en el que se investiga el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa en la que ejerció de oposición a Rita Barberá. De hecho, el número dos de la exalcaldesa Alfonso Grau también está encarcelado. Rubio fue cesado fulminantemente tras su arresto en una causa que todavía está bajo secreto de sumario.

Además, la misma magistrada desestimó hace unos días el recurso impuesto por Alfonso Rus contra su procesamiento y reiteró que el exgerente de Imelsa -lo que se conoce actualmente como Divalterra- Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero' , llevó a cabo las supuestas contrataciones irregulares «con el conocimiento y participación» de Rus, que fue quien le puso al frente de su cargo en la empresa pública.

La magistrada recuerda en ese escrito que, junto a las declaraciones de Benavent, existen «numerosas evidencias» de la presunta intervención de Rus, entre otras pone el ejemplo de archivos de audio -la famosa grabación en la que se le escucha contando billetes- que recogen conversaciones en las que intervienen, además de Rus y Benavent, otros procesados, y que «evidencian» el control, que pese a no tener competencias en Ciegsa, ejercía el expresidente de la corporación provincial sobre las contrataciones que se llevaban a cabo en la compañía autonómica.

Tal y como recogía el auto de procesamiento, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron Imelsa «en beneficio propio» y contrataron a trabajadores «para responder a favores solicitados por terceras personas». En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración, pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.

En la realización de estas contrataciones colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente. Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones, esas incorporaciones de personal «se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad» y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014 .

La juez enumera a 12 personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación. Entre esas personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo, Ángel Balufo, y hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.

Como ejemplo, el jugador del club fue contratado en Imelsa en dos periodos, de septiembre de 2008 a junio de 2009 y de julio de 2009 a julio de 2010 sin que realizara trabajo alguno. Cobró un total de 57.325,55 euros y fue jugador de Xàtiva durante cuatro temporadas, coincidiendo estos periodos con las dos últimas temporadas que jugó para el club.

Otra contratada era una ama de casa que cobró un total de 89.243,98 euros de la empresa pública desde septiembre de 2012 hasta abril de 2015. Figuraba como asesora. En su declaración reconoció que tenía dificultades económicas, que pidió ayuda a Benavent, porque los dos eran de Xàtiva, y que empezó a cobrar un sueldo sin trabajar nunca. Se mostró arrepentida.

Respecto a Raúl Mateo Ángel, fue contratado desde marzo de 2008 hasta febrero de 2011 como asesor de Emilio Llopis. Percibió en concepto de salarios y de indemnización la suma de 109.441,32 euros «sin haber desarrollado trabajo alguno en Imelsa».

La instructora también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Escrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.

De igual modo, existen otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa , la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Entre estos cinco contratados de Ciegsa entre los años 2004 y 2005 destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP, Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido, Manuel Gómez.

El primero, Aznar, fue contratado en febrero de 2004 hasta mayo de 2005 para un puesto de jefe de la Unidad Administrativa y su salario mensual era de 22.322,96 euros anuales. Por su parte, Gómez fue contratado en octubre de 2005 como trabajador indefinido con la categoría de oficial administrativo y retribución anual de 18.866,09 euros brutos. Causó baja por jubilación en septiembre de 2009.