Imagen de Carlos Fabra durante el juicio
Imagen de Carlos Fabra durante el juicio - ABC
TRIBUNALES

Los caminos cruzados de Carlos Fabra y Mario Conde

La juez que ha concedido el tercer grado al exdirigente del PP fue suspendida en 2003 por presionar para que lo obtuviera el banquero

VALENCIAActualizado:

Caminos cruzados. La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decretó este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante 7 meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003.

Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el 'caso Banesto'. No se aceptó la petición de la Fiscalía para que fuera expulsada de la carrera.

Al ser superior a 6 meses, la suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza cumplida la sanción.

La resolución que dictó este lunes en favor de Fabra se ha producido en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del Consejo y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López se la encontró responsable una falta disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado".

Sin embargo, la concreta sanción de siete meses de suspensión fue aprobada por 10 votos contra los de otros nueve vocales, pertenecientes al sector progresista del órgano, que querían que fuera suspendida durante dos años, como proponía el instructor del expediente disciplinario.

El instructor del expediente disciplinario a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde está recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo.