Barberá responde ante el Supremo por el presunto blanqueo de capitales en Valencia

La senadora mantiene su condición de aforada tras dejar el PP pero seguir integrada en el grupo mixto de la Cámara y declara de forma voluntaria a partir de las 10.30 de este lunes por su posible implicación en esta pieza separada del conocido como caso Taula , que indaga en los supuestos amaños de contratos en diversas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.

Una de sus derivadas es el llamado «pitufeo». De acuerdo con las investigaciones, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos. Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales y asesores los donativos de mil euros que habían realizado en billetes de 500. En la campaña de las pasadas elecciones municipales de 2015 se habrían blanqueado 50.000 euros.

El juez que instruye esta causa, Víctor Gómez, acabó imputando a 49 personas (además de al PP como persona jurídica) entre ediles y asesores, incluyendo a nueve de los actuales diez concejales en el Ayuntamiento, que ya declararon ante el magistrado admitiendo las aportaciones pero negando que se les devolviera ninguna cantidad. Lo mismo aseguró la propia Barberá en un escrito de alegaciones que envió al juzgado al ofrecerle éste declarar, una defensa que previsiblemente mantendrá este lunes.

La citación de la senadora se produce después de que el TS le abriera causa el pasado septiembre y designara instructor a Cándido Conde-Pumpido. Una decisión, también apoyada por la Fiscalía, que deriva de la exposición razonada elevada por el instructor de Valencia .

En este documento, consideraba que, habiendo reconocido Barberá que realizó el donativo de mil euros al igual que el resto de imputados, resultaría «incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la exalcaldesa.

Resaltaba, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

En su escrito, el instructor detallaba las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García-Fuster (una de las principales investigadas en este procedimiento).

La justificación principal era la posición jerárquica de Barberá en el Ayuntamiento por su cargo de alcaldesa y, como tal, su capacidad de decisión y de mando . «Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la exalcaldesa y García-Fuster, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero», explicaba el escrito.

Ahora, el Tribunal Supremo podrá interrogarla antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa. Estarán presentes el fiscal, el abogado defensor de Barberá y la representación legal del PSOE, cuya personación como acusación popular fue admitida previa fianza de 3.000 euros.