Bajan las denuncias por violencia de género en la Comunidad Valenciana en un trimestre marcado por el Covid-19

Entre enero y marzo de 2020 se produjeron descensos en prácticamente todos los parámetros analizados en el ámbito de la violencia contra las mujeres, tal y como reflejan las estadísticas hechas públicas este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La declaración del Estado de Alarma -el 14 de marzo- ha repercutido en la actividad de estos órganos judiciales, pese a que esa actividad fue declarada como un servicio esencial y no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales ni estuvo por tanto paralizada en ningún momento.

En el periodo analizado, el número total de víctimas en España fue de 34.837, un 9,8 por ciento menos que en el mismo trimestre del año pasado. Ese descenso fue del 5,7 por ciento en la Comunidad Valenciana, al pasar de 5.376 en 2019 a las 5.069 un año más tarde.

Esa cifra representa una tasa de 19,9 víctimas por cada 10.000 habitantes , la segunda más alta del país después de Baleares (20,3) y muy por encima de la media nacional (14,4). Sin embargo, es sensiblemente inferior a la que se dio en el primer trimestre de 2019, cuando se situaba en el 21,1 por ciento.

De las 5.069 perjudicadas registradas entre enero y marzo de 2020 en la Comunidad Valenciana, 3.279, el 64,7 por ciento, eran españolas y 1.790, el 35,3 por ciento, extranjeras.

En estos tres primeros meses del año aumentó un 4,2 por ciento el número de renuncias , aquellos casos en los que las víctimas se acogen a la dispensa de declarar como testigos contra sus presuntos maltratadores. Por origen de las víctimas, ese porcentaje se incrementó en un 16,3 por ciento en las españolas, pero descendió un 17,1 entre las extranjeras.

Por otro lado, bajaron un 4,3 por ciento, al pasar de 1.287 a 1.232, las órdenes de protección solicitadas ante los órganos judiciales, así como un 6,7 por ciento las que fueron finalmente adoptadas (de 1.130 a 1.054), al tiempo que aumentaron un 5,3 por ciento las órdenes denegadas.

La cifra de individuos enjuiciados por estos delitos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad Valenciana también sufrió una reducción del 8,6 por ciento, pues por los 801 de los tres primeros meses de 2019 hubo 732 en el primer trimestre de 2020. Ese porcentaje bajó tanto entre los españoles (un 7 por ciento menos) como entre los extranjeros (un 20,2 por ciento).

El porcentaje de condenados respecto a los juzgados fue del 87,4 por ciento, lo que implica una disminución del 2,9 por ciento en relación al 90 por ciento de condenas que se dio entre enero y marzo de 2019.

Por provincias, Alicante contabilizó 2.098 denuncias y 2.011 víctimas, Castellón, 453 en ambos casos, y Valencia, 2.687 y 2.605, respectivamente.

Las tres provincias superan la media nacional de mujeres que sufren este tipo de violencia. En concreto, Alicante registró entre enero y marzo de 2020 una tasa de 22,1 víctimas por cada 10.000 habitantes, en Castellón fue de 15,6 y en Valencia del 20,5.

Los JVM alicantinos enjuiciaron en ese periodo a 250 personas, de las que un 92,5 por ciento acabaron condenadas, los castellonenses hicieron lo propio con 103, con un 98,1 por ciento de condenas como resultado, y los de Valencia juzgaron a 376 personas, de las que un 81,2 por ciento también fueron declaradas culpables.

Según la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, los datos estadísticos de este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las c onsecuencias de la declaración del Estado de Alarma decretado en nuestro país.

«El descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra la dramática situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del Covid-19. Un encierro junto a su maltratador en un lugar -el domicilio- donde se producen habitualmente los hechos delictivos; un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos y que la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo ha descrito en recientes sentencias», ha apuntado.

En este sentido, para Carmona, el confinamiento impuesto «ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades». La presidenta del Observatorio ha insistido igualmente en la necesidad de que toda la ciudadanía se implique en la lucha contra la violencia de género.