Valencia estudia rescindir la autorización al autobús turístico del empresario detenido junto a Grau

Para determinar si es posible o no rescindir dichas autorizaciones se ha solicitado un "informe jurídico a la Abogacía" del consistorio ya que cabe la posibilidad de que la administración municipal tenga que "pagar aún una indemnización" si deja sin efecto ese permiso que en mayo de 2015, "a cuatro días de las elecciones", el anterior equipo de gobierno local prorrogó durante cuatro años más.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Movilidad, Guiseppe Grezzi, que ha destacado que esas autorizaciones se otorgaron sin llevarse a cabo un "proceso de licitación pública" y atendiendo únicamente a la solicitud formulada por cada una de ellas al consistorio.

El empresario Urbano Catalán, responsable de la empresa Transvía Tours fue detenido el pasado lunes junto al exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau , en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

El responsable municipal de Movilidad ha resaltado que por la prestación de este "servicio, que hace ganar mucho dinero" a ambas firmas "no se paga nada a cambio al Ayuntamiento" . Ha estimado, comparando los ingresos en otras ciudades por este concepto y "haciendo un cálculo a la baja", que desde 1999 hasta 2015 Valencia podría haber ingresado 500.000 euros al año por la autorización de ese servicio, unos 7 millones de euros ", y ha responsabilizado de no haberlo hecho al anterior gobierno de la ciudad encabezado por Rita Barberá.

El concejal ha indicado que la intención del Ayuntamiento es poder hacer una "convocatoria pública de libre concurrencia" para que otras empresas puedan concurrir a prestar el servicio de Bus Turístic y establecer un "canon público" para que las arcas municipales puedan recibir "ingresos" por esa licitación y atender "necesidades de la ciudad".

"En 1999, el gobierno de Rita Barberá regaló prácticamente a Transvía --ha dicho que ésta tiene "muchas ramificaciones que llegan hasta el metrorbital"-- el servicio de Bus Turístic sin que las arcas públicas del Ayuntamiento recibieran ni un euro, nada, a cambio", ha expuesto Guiseppe Grezzi. Tras ello, ha comentado que otras grandes ciudades españolas como Madrid recibe de la UTE que presta este servicio "3,5 millones de euros al año más un porcentaje variable" mientras "Valencia no recibe ni un euro desde 1999".

Igualmente, ha señalado que Toledo lo ha licitado recientemente con un mínimo de 166.000 euros y que Barcelona recibe ingresos por este servicio de autobús ya que lo presta a través de la empresa pública y de una UTE que "paga cuantioso dinero al Ayuntamiento" de esa ciudad "mientras en Valencia es cero".

Grezzi ha censurado que la falta de compensación al consistorio por el servicio del Bus Turístic fue además de "un regalo a Transvía de Rita Barberá y Alfonso Grau con la primera autorización --en 1999--" otros con "Jorge Bellver --fue edil de Tráfico--, con cero euros en 2001, con Alfonso Novo --también fue edil de Tráfico-- en 2005 y con la prórroga de un años, otra vez con Novo y cero euros en la autorización de 2009 y otra en 2012 con Novo y Alberto Mendoza --también fue edil de Tráfico--".

"Dieciséis años sin ingresos, ninguna cantidad al Ayuntamiento de Valencia" por esa autorización, ha insistido el concejal de Movilidad. "Por culpa de Rita Barberá, Grau, Bellver, Novo y Mendoza y toda la corporación que estaba gobernando aquí por mayoría absoluta, Valencia ha dejado de ingresas 7 millones de euros", ha agregado.

Guiseppe Grezzi ha considerado que esa cantidad de dinero se podría haber destinado a "necesidades" que tiene la ciudad como "sufragar el parking de la Plaza de Brujas, mejorar el servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), otorgar cheque escolar o hacer muchas otras cosas". "Valencia ha perdido dinero mientras otros se llevaban el dinero", ha dicho, que ha insistido en la intención del actual equipo de gobierno de "analizar de qué manera se puede dejar esa autorización sin efecto".

El edil ha agregado que en los pliegos de las prórrogas de 2012 y de 2015 desde la delegación de Circulación apuntó la posibilidad de que el servicio estuviera "condicionada al pago de la tasa que pudiera establecerse por el uso de las paradas" autorizadas por "ocupar dominio público".

Por otro lado, la empresa Transvía ha expresado, a través de un comunicado, su "sorpresa" ante la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "con esta entidad" y con "Urbano Catalán". Asimismo, ha asegurado que "la totalidad de las contrataciones públicas en el tiempo realizadas para con el Ayuntamiento de Valencia" y con "otros organismos oficiales durante más de 45 años, fuere cual fuese el color político del gobierno de los mismos, han sido adjudicadas a esta entidad tras el concurso público correspondiente ".

En la misma línea, la firma ha apuntado que se han hecho "con la debida concurrencia y publicidad del mismo" y, "en todo caso, en base a la legalidad vigente y las instrucciones recibidas a tal fin por parte del organismo público correspondiente".

La empresa afirma que es "conocida, con más de 45 años de actividad en el sector público y privado" y que su "accionariado y personal directivo se haya compuesto por, en su día, trabajadores con una clara vocación de emprendedores" que "ahora, y tras mucho esfuerzo, representa una familia de más de 1.600 trabajadores". Ha agregado que la gestión "ha sido siempre transparente" y que "se está a la espera de poder acreditar finalmente este error y malentendido en las instancias correspondientes".