El comité de campaña que dirigió Grau ordenó las donaciones al PP

Como ha informado ABC, el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha centrado sus interrogatorios a los 50 imputados por la trama del presunto blanqueo en conocer la identidad de la persona que ordenó las donaciones -y las supuestas devoluciones posteriores-. Es decir, quién orquestó el presunto blanqueo . Según las declaraciones de los imputados a las que ha tenido acceso este periódico, la «derrama» de 1.000 euros por persona se aprobó en el comité de campaña, que se había constituido la tarde del 3 de febrero de 2015 con Grau como presidente. Las donaciones se hicieron -en la mayoría de los casos, al menos- vía transferencia bancaria entre febrero y marzo .

Si bien la decisión se adoptó en el comité de campaña , la persona encargada de gestionar la recepción de las donaciones fue la secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster . La secretaria fue una de las 24 personas detenidas en la primera fase de la operación Taula, el pasado 26 de enero, y se encuentra en libertad bajo fianza de 150.000 euros tras declarar ante el juez. Tanto García Fuster como Grau eran personas de la máxima confianza de la exalcadesa Rita Barberá .

El exvicealcalde había sido designado por la dirección local del PP - presidida por Alfonso Novo , «sucesor» de Barberá al frente del grupo tras pasar a la oposición, y suspendido de militancia tras el escándalo- como presidente de un comité de campaña en el que figuraban varios de los imputados en la trama. De hecho, Novo ejerció como coordinador general de política, mientras el concejal Cristóbal Grau y la asesora Cristina Montalvá fueron coordinadores del programa. El asesor Julio Aguado fue responsable de movilización, y la concejal Beatriz Simón de comunicación. Todos ellos están imputados hoy. Todos menos el exvicealcalde Alfonso Grau.

Precisamente, el que fuera mano derecha de Barberá durante dos décadas en el Consistorio dimitió como concejal el 14 de marzo de 2015, tras el auto del juez de Palma que lo sentaba en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso Nóos. Las aportaciones de los concejales y asesores se realizaron antes de que se aprobase la composición de la lista -en abril-, lo que explica que el concejal independiente Eusebio Monzó sea el único que no está imputado: cuando él llegó a la candidatura, la recogida de donaciones ya había culminado.

Los interrogatorios del juez a los imputados por la trama de blanqueo - pieza separada del caso Imelsa, donde se investiga el cobro de mordidas por adjudicaciones de obras en la Diputación de Valencia- constan de pocas preguntas: el magistrado pregunta a los investigados si realizaron la aportación de 1.000 euros, si luego la recuperaron en «B», y quién la ordenó.

La conexión entre la pieza principal del caso Imelsa (Diputación) y la pieza separada del blanqueo (Ayuntamiento) es la «Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani», que puso en contacto al exgerente de Imelsa -hoy principal colaborador de la Fiscalía- Marcos Benavent y la entonces concejal de Cultura, María José Alcón, a través del exmarido de ésta y exgerente de la Fundación Jaume II el Just - de la Corporación provincial - Vicente Burgos, en 2006. Precisamente, la Guardia Civil entró ayer de nuevo en el Ayuntamiento de Valencia para reclamar facturas del festival de cine de ese año, organizado por la Concejalía de Cultura que dirigía Alcón.