La Audiencia de Valencia deja a un paso del banquillo a Alfonso Grau por las campañas de 2007 y 2011

El tribunal ha desestimado el recurso que Grau interpueso contra el auto dictado en octubre por el Juzgado de Instrucción número 18 tras casi seis años de investigación en el marco de la pieza A del caso Taula.

Su defensa consideraba que no se demostraba su participación en unos hechos que, además, creían prescritos. Una postura que no ha refrendado ahora la Audiencia provincial, que deja al exdirigente del PP a un paso del banquillo de los acusados. La Fiscalía pide para él quince años de cárcel.

El instructor de la causa señaló a Grau como el «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable». El auto apuntaba a que, de un «modo diáfano», entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad de Valencia «ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente y muy especialmente en la campaña del 2007 ».

Esa actividad articulada «exclusivamente» en el ámbito local de la formación -que «se confudía plenamente» con la labor política y económica de los populares en el consistorio- era «opaca, aparentemente a la estructura nacional» del partido y «fue llevada a cabo por pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa ».

De supuesto cohecho también sería responsable la entonces secretaria del Grupo Municipal Popular, María del Carmen García Fuster , -encargada de administrar el dinero- a quien la Audiencia archivó el caso del 'pitufeo' de 2015, pero acordó que siguiera procesada por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste» en la campaña de las elecciones anteriores.

Según el tribunal, existe un «substrato que permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas, poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios». Anticorrupción solicita un año de prisión para ella.

También acordó seguir el procedimiento contra el que fuera presidente de la Fundación Valenciana de la Innovación y el Conocimiento (FIVEC) y delegado del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) Eduardo Santón , que se enfrenta a cinco años de prisión. La sala desestimó su recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado dictado en octubre de este año por el instructor, que apreciaba en su conducta indicios de malversación por la contratación con dinero público de trabajos que podrían no responder a la realidad.

Solo queda conocer que ocurre con el que fue responsable de la Fundación Valencia Convenction Bureau, José Salinas , a quien el instructor también consideraba cooperador en una malversación.

No obstante, la Audiencia de Valencia ha ido archivando el p resunto 'pitufeo' durante los comicios de 2015 para el PP -como persona jurídica- y otros 38 miembros del equipo de la exalcaldesa fallecida en 2016 durante su última etapa al frente del Ayuntamiento de la ciudad. De hecho, todavía quedan una decena de recursos por resolver al respecto, pero el asunto se da por zanjado, pese a que el titular de Instrucción 18 solicitaba para todos la apertura de juicio oral.

El tribunal niega los indicios de blanqueo de capitales que esgrimía el juez instructor en su auto de procesamiento y mantiene su tesis: los encausados realizaron una donación de mil euros a la cuenta de la formación para la campaña de esos comicios, pero no está probado que después recibieran dos billetes de 500 euros en papel procedentes del dinero negro supuestamente recaudado en 2007 y 2011 por Alfonso Grau. Un extremo que se ha descartado, pues para entonces Grau ya había dimitido tras estallar el caso Noós.

Alfonso Grau, de 80 años, ya fue condenado en 2019 a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento de Valencia, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

Quedó en libertad provisional en noviembre tras permanecer en la cárcel desde que fue detenido en el marco del caso Azud el 15 de mayo de este año. El que fuera mano derecha de Rita Barberá se encontraba en régimen de prisión provisional, comunicada y sin fianza como medida cautelar para evitar la destrucción de pruebas que pudieran incriminarle.

Junto al exedil del PP fueron detenidas una docena de personas, entre las que se encontraba el entonces subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafa Rubio, y el constructor Jaime Febrer, presunto cabecilla. Ambos ya se encuentran también en libertad provisional.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en el Ayuntamiento de Valencia entre 2004 y 2011.

Uns presunta trama de corrupción que coincide en el tiempo con la época en la que tanto Grau como Rubio eran concejales del consistorio valenciano, en el Gobierno del PP y en la oposición, respectivamente, cargo que habrían aprovechado, supuestamente, para obtener comisiones irregulares con facturas ficticias que varias empresas habrían realizado.