Archivan la causa contra el exconseller Serafín Castellano por fraccionar contratos para un empresario

Tras diversos archivos parciales, los hechos objetos de investigación quedaron circunscritos a las adjudicaciones concedidas a las empresas Construcciones Taroncher y Asociados SL y Construcciones DV 4 por las Consellerias de Sanidad, Gobernación y Justicia durante el tiempo en que Castellano ocupó los cargos de conseller .

El primer periodo comprendería desde el 23 de mayo de 2000 hasta el 21 de junio de 2003, cuando Castellano era conseller de Sanidad.

Tras indicar que el año 2000 carece ya de relevancia penal, el juez informa de que en los años posteriores se han examinado los expedientes de contratación y se observa que el 47,83 % de los contratos fueron tramitados por procedimiento negociado o abierto, y uno por enriquecimiento injusto.

El resto fueron contratos menores y la misma Intervención de la Generalitat concluye que "no se obtiene evidencia documental suficiente para apreciar la existencia de un fraccionamiento de contratos al objeto de evitar la pública concurrencia".

La segunda etapa investigada corresponde al periodo 2004-2010, durante la cual Castellano no ostentó la titularidad de la Conselleria de Sanidad, a pesar de lo cual las firmas del empresario Taroncher obtuvieron contratos por 4,1 millones de euros.

"Dado que en aquel momento Castellano no era titular de la Conselleria, no es posible atribuir a dichas contrataciones indicios de criminalidad, ya que fueron decididas por un tercero ajeno a este procedimiento y sin vínculos personales con el empresario".

No obstante lo anterior, si se compara la evolución de los contratos entre ambas etapas -indica el juez en su escrito- "tampoco se observa una variación relevante en el volumen de adjudicaciones entre una y otra que permitan anudar en el primer periodo la estrecha amistad del contratista con el órgano de contratación".

"Es más -subraya el juez- en esta segunda etapa el 22 % de los contratos se tramitaron por medio de procedimiento negociado o abierto, el 44 % se satisfizo mediante expedientes de enriquecimiento injusto y el resto, una cifra similar a la de la primera etapa, se tramitó como contrato menor. Por lo tanto, el análisis de las contrataciones de este segundo periodo refuerza la legalidad de las del primero, excluyendo indicios de criminalidad ".

La tercera etapa correspondería al periodo 2007-2008, cuando desde la Conselleria de Gobernación se adjudicaron a las referidas empresas contratos por 171.034 euros.

En estas operaciones, según la Intervención de la Generalitat, "se constata la concurrencia de todos los requisitos que definen la existencia de fraccionamiento de contrato".

Sin embargo, el juzgado considera que "no todo fraccionamiento de contratos debe ser calificado como irregular y reconducido a la vía penal. En el ámbito administrativo, el fraccionamiento de contratos está permitido, debiéndose atender o no a la unidad funcional de las prestaciones objeto de los distintos contratos para calificarlo como fraudulento".

En consecuencia, el juez concluye que "no se ha constatado, como exige la jurisprudencia, la existencia de interés espurio que acredite que la autoridad o funcionario administrativo actúa con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico, por lo que no disponemos de indicios suficientes para considerar estas contrataciones como constitutivas de ilícito penal".

Por otra parte, Castellano, que también ocupó el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, está investigado en una causa que dirige la Audiencia Nacional sobre el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios, una supuesta responsabilidad en la que habría incurrido durante su etapa como responsable de la Conselleria de Gobernación.

A raíz de esta causa, una operación policial derivó en la detención de Castellano y otros procesados en enero de 2016, cuando se descubrió que esta presunta trama de amaños afectaba a seis comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura).

A los investigados se les imputan los delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público, entre otros.