Anticorrupción abre una nueva investigación sobre la gestión de la Fórmula 1 en Valencia

En concreto, el fiscal Anticorrupción pide a este departamento de la Generalitat "la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1 de Valencia en cualquiera de sus fases adjudicados a las mercantiles F.C.C. y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)".

Los expedientes, de acuerdo con la petición, de fecha 23 de abril, se deberán remitir "de manera íntegra" y contener "acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuesta de adjudicación, actas de la mesa de contratación incluidas, modificados en su caso, facturas, pago, etc".

Según la información adelantada este jueves por El Mundo, Costa habría aportado datos desconocidos hasta ahora por los investigadores que han permitido descubrir otros presuntos indicios delictivos relacionados con la competición deportiva y enmarca la petición de Fiscalía Anticorrupción en unas nuevas diligencias de investigación penal iniciadas por este órgano "tras la comparecencia efectuada por Ricardo Costa".

De hecho, el letrado de Costa destacó el pasado martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV dentro del caso Gürtel , que la confesión de su defendido en esta vista tiene "carácter ejemplarizante" en la sociedad y expuso que su colaboración no se limitaba a este caso, sino que se extendía a otras causas.

El ex secretario general del PPCV confirmó en su declaración en el juicio por esta rama que fue el expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Añadió que Camps y el expresidente de Les Corts Juan Cotino acordaron que parte de éstos se abonasen con "dinero negro".

El abogado Juan Casanova mostró su discrepancia con el hecho de que Anticorrupción no reconociera en este caso que Costa merece la aplicación de la atenuante de confesión ya que el ministerio público rebajó su petición de cárcel de siete años y nueve meses a cuatro años y tres meses, pero sin contemplar el reconocimiento de hechos como atenuante.

Una de las empresas sobre la que solicita el fiscal los expedientes es Hormigones Martínez (Grupo Vallalba). Los empresarios al frente de ella Tomás y Rafael Martínez Berna son dos de los que reconocieron en ese caso de la financiación haber financiado ilegalmente al PP de Francisco Camps.

Según el escrito de Fiscalía, estos empresarios abonaron los gastos en publicidad, asesoramiento de Relaciones Públicas o estudios corporativos para el PP en los años 2007 y 2008 con la cuantía de 199.520 euros.