La Agencia Antifraude alerta de la parcialidad y la opacidad en la contratación pública del Consell

Así figura en la memoria de la Agencia Antifraude de 2018, entregada este viernes en Las Cortes, donde se alerta de que la infracción de los principios de publicidad, transparencia o imparcialidad en los procedimientos selectivos contribuye "a la baja profesionalización y preparación del funcionariado".

Además, eso "aumenta los costes públicos, al disminuir la eficacia y capacidad de los recursos humanos de las administraciones, y deteriora la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos", indica la memoria.

Antifraude añade que, al mismo tiempo, "fomenta el riesgo de incumplimiento de la garantía de imparcialidad" en el ejercicio de las funciones de aquellos que acceden a la función pública "sin el esfuerzo y dedicación que toda oposición requiere".

Entre las denuncias recibidas por la Agencia en este ámbito, figuran los procesos selectivos de funcionarios que tienen que ejercer como autoridad pública, así como filtraciones de exámenes a personas próximas a los examinadores, o la exigencia de tasas de derechos de examen que comparadas con otras administraciones públicas "son excesivas y difíciles de justificar".

Antifraude considera que tendrían que articularse, por medio de la ley de la función pública valenciana o de la ley valenciana de policías locales, mecanismos de "intervención neutral" para asegurar que los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad prevalezcan "sobre cualquier discriminación, favoritismo o nepotismo".

En concreto, propone habilitar al IVAP o al IVASPE para velar por que la selección y promoción de la función pública en las administraciones valencianas y su sector público se haga "con respeto absoluto" a estos principios.

Por otra parte, sobre los enriquecimientos injustos , Antifraude señala que se acude por parte de todas las administraciones públicas "con demasiada frecuencia" a esta vía, que aunque permite evitar que el servicio deje de prestarse, "incumple la normativa presupuestaria y de contratación, e implica obviar las garantías de la contratación pública".

La Agencia indica que, en numerosas ocasiones, la utilización de este tipo de expedientes puede ser debida a la ausencia de la necesaria planificación y no a una conducta "para encubrir una práctica corrupta", pero avisa de que puede dar paso a "irregularidades en las cuales concurre un elevado riesgo de fraude y corrupción".

La memoria indica asimismo que, pese a la "prolífica legislación" sobre transparencia, hay muchos sectores "opacos" en el ámbito público, especialmente en el sector empresarial, fundacional e institucional, donde las retribuciones de directivos, la contratación o los procesos de toma de decisiones siguen sin poder ser consultados por los ciudadanos, lo que contraviene la normativa autonómica, estatal y europea.

Respecto a la transparencia de las subvenciones a los partidos políticos , Antifraude destaca que siguen sin hacerse públicas las subvenciones que en las Corporaciones locales o Las Cortes se reciben para sostenimiento de los grupos, lo que debería "corregirse", pues son fondos públicos en los que debe haber "transparencia y acceso a la información".

En concreto, recibió un total de 180 denuncias en 2018, el 13% presentadas por cargos políticos. Durante el pasado ejercicio, el organismo incrementó su actividad con hasta 145 denuncias más que las 35 de 2017 --comenzó a funcionar en julio de ese año--, el 45% correspondientes a la administración local, con un total de 81; el 29% a la Generalitat (52), el 9% con las diputaciones provinciales (16), el 5% con el sector público del Consell (9), el 3% con el sector privado y el público provincial (5 en cada caso) y el 2% con Les Corts y el sector público local (3 en cada caso).

Entre los casos que recoge el organismo presuntamente relacionados con casos de corrupción está el de un trabajador del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València , adscrito a la Conselleria de Sanidad.

Este empleado fue despedido como consecuencia de la presentación de una denuncia sobre determinadas irregularidades en esta fundación. La relación entre la denuncia y el despido es apreciada por el Juzgado Social, que dictó la nulidad y condenó al pago de los salarios de tramitación y a una indemnización por daños y perjuicios.

A pesar de ello, el representante de la fundación supuestamente remitió un escrito al trabajador en el que le notificaba la no incorporación a su puesto y el abono de sus retribuciones. Ante esta situación, la Agencia Antifraude instó tanto a la fundación como a Sanidad a que fuera readmitido inmediatamente, algo que finalmente se ha producido.

Otros dos casos se produjeron en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante): el de presunto trato de favor a un funcionario de carrera y el de un opositor a un examen de selección de la Policía Local. En el primero, el trabajador denunció hechos supuestamente delictivos que afectaban a otros funcionarios municipales, uno de ellos ya condenado.

La Agencia Antifraude constató casualidad entre la denuncia y el inicio de seis procedimientos disciplinarios por parte de la Alcaldía, de los que solo prosperó uno de despido durante medio año. El Ayuntamiento recurrió esta sentencia "haciendo caso omiso" al organismo, que recoge en su memoria que constan escritos del alcalde, Toni Pérez, que "cuestionan la competencia de la agencia".

El Ayuntamiento de Benidorm solicitó la revisión de la orden de protección otorgada por la Agencia al funcionario, alegando que la información del los hechos que denunciaba el funcionario eran falsos, pero no acreditaba en absoluto la falsedad que alegaba. La Agencia mantiene la protección del funcionario y estos hechos están instruyéndose en el Juzgado.

El Ayuntamiento de Benidorm la hecho lo mismo con un opositor que ha denunciado irregularidades en la celebración de un ejercicio a policía local. Es decir, en los dos casos ha acusado a los denunciantes por información falsa como medida escapatoria de su responsabilidad. Los dos Asuntos estás en manos de la autoridad judicial y de la fiscalía.

También en Alicante, en el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell, tres integrantes del Gobierno municipal denunciaron unos hechos a Fiscalía referidos a otro funcionario, que fue protegido por el organismo. Hacían referencia a una supuesta falsificación de la firma para unos endosos fraudulentos.

En otro caso en el Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante), un funcionario denunció supuestas ilegalidades urbanísticas en un centro de ocio y otras edificaciones, contra el que recurrió a título personal el primer edil, José Manuel Butrón, "sin mencionar su condición de alcalde". Este recurso fue desestimado por la Agencia Antifraude.

Por otro lado, la contratista Minusval EIL, que presta servicios al Institut Valencià de Conservació i Restauració (Ivacor), de la Conselleria de Cultura, no atendió la resolución de protección de la por un trabajador con una discapacidad física despedido "de forma unilateral" y sin acreditar causas. La Agencia Antifraude destaca el hecho de que precisamente esta compañía tiene como objetivo la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

En estas dos últimas situaciones, el organismo señala que no se respetaron las peticiones de protección, lo que comportó la apertura del procedimiento sancionador correspondiente, y advierte su "falta de respeto a la ley autonómica" por alegar la falta de competencia de la agencia.