Los afectados por el cártel de camiones podrán recuperar hasta un 35% del coste de sus vehículos

Los fabricantes implicados, Volvo-Renault, Daf, Daimler, Man, Iveco y Scania, no solo tienen que pagar la multa, sino que deben responder de forma solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a quienes adquirieron esos camiones. Para poder obtener una compensación por las cantidades pagadas de más debido a las irregularidades de los fabricantes es imprescindible que los reclamantes puedan cuantificar y justificar los importes exigidos. Por ello, es necesario que ante la justicia presenten como elemento probatorio un informe en el que se detallen las cantidades aplicadas de más irregularmente.

Lo único que separa a las personas que compraron esos camiones (incluidos autobuses) de su dinero es el informe pericial: la principal traba para obtener la indemnización es poseer un informe pericial que determine el sobrecoste aplicado por los fabricantes. La noticia es que estos informes bien fundamentados existen, y están realizados por dos catedráticos de las Universidades de Valencia y Granada en base a los criterios establecidos por la propia Comisión Europea, frente a otros informes que han sido publicados y que no están basados en criterios econométricos, por lo que no sirven para fundamentar la reclamación del sobrecoste.

Solo dos despachos de abogados en España disponen de dichos informes. Torrijos Abogados , un bufete legal con base en Valencia, y , con sede en Jaén, disponen de un informe elaborado por catedráticos, profesores titulados y doctores en Economía, de las Universidades de Granada y Valencia, que podrá servir como elemento probatorio de las cantidades exigidas a los fabricantes cuando dé comienzo la fase judicial de este proceso contra el cártel de camiones.

El informe cifra en un 35% los sobrecostes que, de media, Volvo-Renault, Daimler, Man, Iveco, Scania y Daf aplicaron a sus vehículos de más de seis toneladas. Una cantidad que se traduciría en la recuperación de alrededor de 17.000 euros por camión afectado, que volverían tanto al bolsillo del comprador individual como a las cuentas de las empresas de transporte con grandes flotas.

Ahora, tanto compradores afectados como otros despachos de abogados que no disponen de elementos probatorios en primera persona aprovechan la ampliación del plazo de reclamaciones -que inicialmente terminaba el 6 de abril de 2018, aunque ha sido prorrogado a consecuencia de la tardía multa a Scania- para tratar de recuperar las cantidades que fueron abonadas de más por la mala praxis de algunos de los principales fabricantes de camiones a nivel mundial, que además de las indemnizaciones deberán afrontar multas millonarias .