Los acusados del proyecto Castor habrían seguido inyectando gas pese a los 500 seísmos en un mes

Los dos responsables de Escal UGS, la empresa adjudicataria de un proyecto impulsado por el Gobierno, se han escudado en que los informes preliminares no preveían ningún riesgo, aunque eran conscientes de la sismicidad que podía producirse, y han defendido que se podía haber seguido inyectando gas en el almacén subterráneo de no haberse decretado el cese de su actividad tras detectarse los primeros temblores.

El expresidente de la compañía Recaredo del Potro ha puesto el foco en que los ciudadanos no sintieron ninguna actividad sísmica mientras se estaba trabajando a 1.700 metros de profundidad y ha insistido en que la zona en la que se ubicaba el depósito era la de menor peligrosidad de la península.

Del Potro ha apuntado que el Instituto Francés del Petróleo fija el umbral de riesgo en niveles de presión superiores a 49 bares, mientras en Castor se registraron ocho como máximo. Además, ha subrayado que los seísmos se localizaron a quince y veinte kilómetros del Observatorio del Ebro y del Instituto Geográfico Nacional, respectivamente, por lo que «no estaba claro que estuvieran conectados» con el proyecto que dirigía la compañía participada mayoritariamante por ACS, el grupo empresarial de Florentino Pérez.

En la misma línea, el que fuera consejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, ha explicado que se realizazon auditorías «tremendamente exhaustivas» y ha sostenido que, pese a que los movimientos sísmicos coincidieron en el tiempo con las inyecciones, estos no se produjeron en el mismo yacimiento. Del mismo modo, ha asegurado que la sismicidad disminuyó al mismo tiempo que reducían la entrada de gas en el almacén.

La Fiscalía reclama para los procesados seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales junto a la propia mercantil, a la que exige una multa de 189.000 euros.

Por su parte, los 123 afectados por los terremotos solicitan a la concesionaria y a sus antiguos directivos –para los que piden siete años de cárcel– una indemnización de 1.845.000 euros por los daños morales y la «ola de pánico» que provocaron los terremotos en varios pueblos de Castellón y Tarragona.

El Ejecutivo acordó desmantelar la planta en 2019, algo que todavía no ha ocurrido. El juicio se prolongará durante once sesiones, en las que está previsto que participen 189 testigos y 39 peritos.