Las 10 claves del Caso Imelsa

Los partidos políticos pueden ser imputados desde la reforma del Código Penal de 2012 impulsada por el exministro Gallardón. De hecho, el PP ya estaba imputado por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Si finalmente hay condena en el caso del blanqueo, el Partido Popular tendrá que pagar una multa económica cuya cuantía dependerá de la gravedad de la condena a las personas físicas investigadas.

Antes de dar el paso de pedir al Tribunal Supremo que impute a un aforado, un juez puede ofrecerle que declare de forma voluntaria, con abogado, sin ser interrogado. Es una especie de última oportunidad para que se explique, una declaración con la que el magistrado recopila más información cuando se acumulan los indicios para actuar contra un aforado.

Esa es la posibilidad que el juez de Valencia ha ofrecido a la exalcaldesa Rita Barberá, que no puede ser imputada (investigada) por un juzgado ordinario al ser senadora, y estar por tanto aforada ante el Supremo. Si Barberá la rechaza, el juez tendrá que concluir la instrucción sin contar con su testimonio, y una vez agotadas las diligencias que no afecten a Barberá, remitir la causa al Alto Tribunal para que sea éste quien la cite. Si llegase a abrirse juicio oral, seguramente tendría que celebrarse también en el Supremo, si para entonces Barberá sigue siendo aforada.

La causa del blanqueo por el que está imputado el PP y por la que el juez quiere citar a Barberá es una pieza separada de la instrucción principal del conocido como Caso Imelsa . La investigación arranca con la denuncia de Izquierda Unida y la confesión del exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia (que da nombre a la causa) Marcos Benavent, el autobautizado como «yonki del dinero». La investigación de una presunta trama para cobrar mordidas por adjudicación de contratos destapó indicios de blanqueo en el Ayuntamiento. El dinero blanqueado supuestamente, en teoría, provendría de esas mordidas. La causa principal sigue bajo secreto de sumario hasta el 14 de abril.

En toda la causa (sumando las dos piezas) hay 115 investigados, personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la administración pública. Entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Aunque la investigación se había iniciado antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, el caso estalló a finales de enero con la denominada Operación Taula, en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó 24 detenciones en Valencia, incluido el expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus. Junto a su exvicepresidente Máximo Caturla, Rus pasa por estar en el centro de la trama para cobrar mordidas por adjudicar contratos de la Diputación a través de Imelsa. Los dos están en libertad con cargos con las fianzas más altas, de dos millones de euros cada uno. El resto de los detenidos, como estos dos, se cuenta entre los 115 imputados.

Además del abundante material sonoro que aportó al juez el «yonki del dinero» Marcos Benavent (aficionado a grabarse en sus conversaciones con políticos) , en la investigación han jugado un papel crucial las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez. Varios de los ahora imputados desconocían que tenían el teléfono pinchado, y a partir de sus conversaciones se ha ido tirando del hilo hasta alcanzar el número de investigados actual, que supera el centenar. Además de políticos, hay también diversos empresarios impicados.

Aunque la trama gira en torno al PP como elemento nuclear, lo cierto es que la investigación ha salpicado también a todos los partidos de izquierda con representación la pasada legislatura. Tanto el número tres del PSOE valenciano, José Manuel Orengo, como la diputada de Izquierda Unida que denunció la trama, Rosa Pérez, han sido citados por la UCO y está previsto que declaren también ante el juez, en el marco de la pieza principal (la de las mordidas). Asimismo, se ha imputado a otro socialista, Raúl Pardos, y a un dirigente de Compromís, Emili Mira. Se les investiga tanto por posibles irregularidades en la contratación de asesores de partido a sueldo de Imelsa, como por su presunta participación en algunas adjudicaciones bajo sospecha.

Rita Barberá no es la única persona aforada a la que el juez quiere tomar declaración en relación con el caso del blanqueo. También pretende citar al exconcejal Miguel Domínguez, que también es aforado . Domínguez ya no sigue en el Ayuntamiento, pero concurrió en la lista a las Cortes Valencianas en las elecciones autonómicas y logró escaño. Es decir, es aforado autonómico, y por tanto tendría que citarlo como investigado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El juez le ha ofrecido, al igual que a Barberá, acudir a declarar voluntariamente, no como imputado, para ofrecer explicaciones sobre los hechos investigados antes de inhibirse ante el Alto Tribunal valenciano.

El exvicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, es el nexo de la trama del blanqueo con el Caso Nóos. Aunque no está imputado, muchos de sus excompañeros lo señalan como el encargado de recaudar las donaciones a través de las cuales, supuestamente, se blanquearon 50.000 euros. De hecho, Grau presidía el comité de campaña del PP de Valencia que, en febrero de 2015, ordenó las donaciones para sufragar los actos de partido. Grau dimitió como concejal en marzo al ser procesado en el Caso Nóos, donde está acusado de beneficiar al Instituto Nóos al adjudicarle la organización de tres «Valencia Summit» desde la fundación Valencia Convention Boureau que presidía.

Recientemente ha sido detenido por una tercera causa, en la que se le investiga por cohecho en la adjudicación del servicio de autobuses turísticos de Valencia.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se comprometió a pedir el acta o, si la retienen, expulsar del PP a aquellos concejales que sigan imputados tras levantarse el secreto de sumario. Nueve de los diez ediles fueron citados como investigados, y su situación no ha variado. Bonig tendrá que afrontar a corto plazo la resolución definitiva a la crisis en el Ayuntamiento, aún a costa de, si todos retienen el acta, quedarse con un solo concejal popular, el independiente Eusebio Monzó.

Por el momento, el PP ya ha designado una gestora en la ciudad de Valencia, tras destituir a toda su ejecutiva local (presidida por el exportavoz municipal Alfonso Novo, imputado). Y Bonig ha solicitado a Génova la celebración de un congreso extraordinario una vez se clarifique la gobernabilidad de España para refundar el partido.