La Comisión Europea avisa de que la ley borra delitos tipificados como terrorismo

La mención al texto de la Comisión Europea aparece entre las enmiendas que se le han hecho al borrador del informe de la Comisión de Venecia y que se conocieron ayer en paralelo a los debates en la sesión plenaria —la redacción final del texto definitivo se publicará formalmente el lunes, después de que se lleven a cabo los trabajos de traducción— y da la impresión de que esa referencia probablemente no se hubiera querido difundir o al menos no todavía. En todo caso, por lógica, si ese informe existe y ha sido enviado para ser incluido en el debate, se puede deducir que es esencialmente crítico o de otro modo Bruselas se habría abstenido.

Ahora, en el punto 92 del informe final se menciona que «la Comisión Europea ha subrayado que la actual redacción del artículo 2.c) significa que no todos los delitos tipificados como terrorismo en la directiva [EU 2017/541 para combatir el terrorismo] han sido excluidos del campo de acción de la ley de amnistía». Es decir, que Bruselas considera que pueden beneficiarse delitos que según la legislación comunitaria no pueden ser objeto de estas medidas.

Noticia Relacionada

Pisar España sin amnistía en vigor, único escollo legal de Puigdemont para ser investido presidente

Nati Villanueva

Aunque la Comisión de Venecia no forma parte de la UE —sino del Consejo de Europa, que es otra institución—, la Comisión Europea sí que forma parte de la Comisión de Venecia como encargada de garantizar el cumplimiento del derecho europeo, por lo que ha participado en esta discusión enviando su propio informe sobre la ley de amnistía en España. Y esa mención que se recoge en la redacción final significa que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene en cuenta el punto de vista de Bruselas tal como se recoge en el texto, estaría arriesgándose a dar argumentos al Ejecutivo comunitario para enviar la ley de amnistía a la Justicia europea.

La preocupación de la Comisión Europea ante la ley de amnistía no es algo que esté en duda. El pasado 8 de noviembre, el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, envió una carta a Felix Bolaños, entonces solo ministro de Presidencia, para expresarle sus «serias preocupaciones» respecto a la norma, que entonces estaba en una fase embrionaria. La carta fue en sí misma un hecho muy significativo, puesto que no es frecuente que un miembro de la Comisión Europea se dirija en estos términos a un Gobierno nacional y menos para pedir información de una ley que entonces estaba apenas iniciando su proceso de tramitación.

En cuanto a la directiva europea contra el terrorismo, la descripción de las actividades que se tipifican como tal es prácticamente la misma que en el Código Penal español. Hasta ahora, Bruselas afirma que no entra en sus atribuciones pronunciarse sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Tanto Reynders como sus portavoces han manifestado que darán su opinión cuando se publique en el BOE y entre en vigor.