PSOE y PP renuevan el CGPJ: 10 vocales para cada uno y reforma en paralelo para despolitizarlo

Según informaron fuentes de la negociación, el acuerdo cerrado este martes incluye que PSOE y PP propongan diez candidatos a vocal y que, por primera vez, el presidente del órgano será elegido por los propios vocales, algo que, aunque está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no venía sucediendo en la práctica, pues su nombre formaba parte hasta ahora del pacto. También contempla que de forma simultánea se lleve a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será refrendada este mismo mes de julio en un Pleno del Congreso. Esa reforma, que tendrá forma de proposición de ley, da un plazo de seis meses al nuevo Consejo para que elabore un texto que modifique el método de elección del órgano, que deberá tener en cuenta las exigencias de la Comisión Europea. El texto tendrá que incluir, de manera expresa, un modelo de «participación directa» y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.

En concreto, la disposición adicional de esa proposición de ley insta al CGPJ a «elaborar un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales (...) que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos«.

Esa propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, «por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».

El acuerdo establece también que ninguna sensibilidad pueda imponerse sobre las otras, de forma que todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos). También en lo referido a las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.

El pacto de renovación recoge también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, como sucedió con Dolores Delgado y que la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional tras la baja de Alfredo Montoya (y cuya designación corresponde al PP) sea ocupada por Mario Macías, actual vocal del CGPJ y uno de los líderes del bloque conservador más combativo con el Gobierno. Macías, en excedencia voluntaria desde 2005, ha sido magistrado en la jurisdicción contenciosa-administrativa, director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat y actualmente ejerce como abogado.

La cuestión más novedosa del acuerdo respecto a los anteriores intentos que el PSOE haya aceptado por primera vez que esa modelo de participación directa de los jueces sea obligatorio sobre la base, eso sí, del texto acordado por el CGPJ que, por los plazos marcados, podría tomar posesión este mes de julio.

Desde el PP destacan, además, que el texto que emitirán los miembros del Consejo ya no es un dictamen sino un proyecto de reforma de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que tiene más peso.

Por lo pronto y conforme a lo pactado, el Congreso tendrá que aprobar la proposición de ley en la misma sesión plenaria en la que avale a los candidatos a vocal.. El texto tiene como objeto, según proclama su exposición de motivos, reforzar la independencia e integridad del sistema judicial en la línea con el programa de regeneración democrática de los populares.

Así, la ley incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. Establece, además, que los jueces o magistrados no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria. Si solicitan finalmente el reingreso, durante los dos años siguientes a su cese en el cargo político o público, quedarán adscritos, según el caso, al presidente del Tribunal Supremo o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma en cuestión.

Respecto al CGPJ, la proposición de ley introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal por el turno de juristas de reconocida competencia. No podrán ser elegidos quienes en los cinco años anteriores bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, obliga a que los candidatos comparezcan ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y presenten una memoria de méritos y objetivos, antes de ser elegidos vocales del CGPJ.

La proposición de ley recupera la Comisión de Calificación en el Consejo General del Poder Judicial que fue eliminada en una reforma anterior asumiendo la Comisión Permanente sus funciones. Esa Comisión Permanente estará integrada por cinco vocales y su función será informar sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, «con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas».

Respecto al fiscal general del Estado, el texto señala que deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados, y será la Junta de Fiscales de Sala la que resuelva sobre la misma.

Regula, además, un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del fiscal general: no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.