El 'cerebro' de la Gürtel, en el juicio: «Nos implantamos en Valencia por la buena relación con Camps»

«El eje básico de que decidiésemos implantarnos en Valencia era exactamente la buena relación que el señor Perez mantenía con el señor Camps. Nuestra ventaja operativa y comercial era esa. No es lo mismo llegar a puerta fría, llamar a una puerta y decir somos esta empresa y tenemos este curriculum, que ir introducido por una persona que tiene influencia no se si solamente jerárquica sino también moral. Esa es la esencia», ha señalado.

Crespo, que tanto en respuesta a la fiscal como a su defensa ha asegurado que nadie le ha presionado acerca del sentido de su declaración, ha incidido en que esa fue la razón de la ampliación de Orange Market a Valencia. «No decidimos ir allí porque fuera una región maravillosa, lo decidimos porque teníamos esa facilidad (...) Obviamente, si al señor Pérez lo reciben no es porque tuviera una empresa que no era muy conocida en Valencia salvo por la organización de actos del partido. Era por la buena relación que tenía con Camps y que todo el mundo o casi todo el mundo conocía», ha subrayado.

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Se ha puesto algo bronca la sesión en este punto, porque al término de su declaración el abogado de Camps ha insistido en que la Sala tuviera en consideración que Crespo, durante la instrucción y «en calidad de imputado» declaró lo contrario. Finalmente se ha reproducido parte de aquella comparecencia, si bien con diversos problemas de sonido.

Ya al inicio, y también a instancias de la defensa del expresidente regional, se había producido un parón. Ha solicitado la suspensión de la vista oral a la luz del contenido de la entrevista en exclusiva con el comisario jubilado José Manuel Villarejo que publicó este domingo ABC.

En ella, el entrevistado asegura que Gurtel fue una operación política organizada por el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, quien habría medido no obstante su alcance para «no aniquilar» al Partido Popular. «Nadie lo investiga y es muy gordo», diría Camps al respecto a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional, según recoge Ep. El tribunal, tras deliberar durante unos minutos, ha rechazado de plano que las palabras del policía sean razón para suspender el juicio.

Asimismo, el tribunal ha arrancado la sesión de hoy pronunciándose sobre el escrito que presentó la defensa del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, al término de la última jornada de juicio. Informaba a los magistrados del encontronazo que había tenido con Camps en los pasillos, en el que él le habría reprochado su declaración diciéndole que le había «arruinado la vida». Hubo quien le escuchó pronunciar las palabras «hijo de puta».

El presidente del tribunal, Fermín Echániz, ha llamado a la calma y ha pedido a las partes que se abstengan de este tipo de intercambios. Al no haberse producido dentro de la Sala, ha concluido que no es competente para pronunciarse sobre el incidente y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción. Su representante, Concepción Nicolás, ha concluido que no es asunto de este juicio y que se debe dar traslado de lo sucedido a los juzgados ordinarios, por si tuvieran a bien abrir una investigación.

Tras la declaración de Crespo, ha llegado el turno a Álvaro Pérez, alias 'Bigotes'. Al igual que él, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción presentando un escrito de reconocimiento de los hechos. Los dos llevan en prisión más de nueve años.

Durante el interrogatorio, en el que Anticorrupción le ha vuelto a confrontar con los audios de conversaciones con Francisco Camps (como la célebre en que se dicen «amiguito del alma» y «te quiero un huevo»), ha subrayado que pese a lo que otros puedan declarar «por temor o porque no quieran verse perjudicados», el hecho es que eran amigos. «Había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps», ha destacado.

Este aspecto, junto a su afirmación de que cuando necesitaban ayuda para acceder a un contrato el entonces presidente de la Generalitat Valenciana se la prestaba, es clave para la acusación que contra Camps mantiene la Fiscalía Anticorrupción. Pide dos años y medio para él por prevaricación y fraude en relación a uno de los contratos menores que se adjudicó a las empresas de Francisco Correa para el stand de la región en Fitur en el año 2009.