CDC y PDECat afrontan el caso del 3 por ciento siendo «la misma realidad»

Resonaron, entonces, las palabras pronunciadas en febrero de 2005 por Pasqual Maragall (PSC) en el Parlamento de Cataluña, dirigiéndose a Artur Mas (CiU), líder de la oposición: «Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3 por ciento». El Estatuto estaba en juego y Maragall acabó por retirar esta encubierta acusación solo unos minutos después. Gassull murió hace tres años y cinco meses. No verá el fruto de sus denuncias, primero instruidas en El Vendrell (Tarragona) y desde 2018 en manos del juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. Tampoco verá Gassull lo «grande» en que se ha convertido el caso de corrupción del 3 por ciento.

Tan «grande» y extendido por toda Cataluña que De la Mata considera que el PDECat es lo mismo que CDC. Un simple «cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente», apunta el magistrado de la Audiencia Nacional en su reciente auto con el que da por concluida la instrucción.

En julio de 2018, solo dos años justos después del nacimiento del PDECat, De la Mata incluyó este partido (que periodísticamente se consideró heredero de CDC desde el primer minuto) como investigado, en la causa del 3 por ciento, al considerarlo «mero continuador» de la formación que creó en 1974 Jordi Pujol. Ahora, al cierre de la instrucción, el juez, lejos de apartar de la causa al PDECat, le imputa los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para el magistrado, la conexión de CDC y el PDECat es palmaria y la aparición del segundo está «lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido».

Entre las pruebas que da por buenas el instructor de la causa figuran la decisión de la dirección de CDC, en julio de 2016, de «impulsar la fundación de un nuevo partido político», con un primer paso: enviar una carta a todos los grupos municipales que seguían llevando el nombre de CiU para que pasasen a denominarse PDECat, siendo la razón que «CDC ha dejado de hacer acción política, pasando sus activos al PDECat». De la misma manera, «los órganos de dirección del PDECat» mantenía «una identidad sustancial» a la que tenía CDC dos años antes: 75 de los 80 cargos de responsabilidad eran los mismos.

De la Mata también señala que «de los aproximadamente 45 trabajadores que continúan en nómina de CDC -a finales de 2016-, buena parte de ellos prestan sus servicios para el PDECat». Algo similar ocurre con los «acuerdos de colaboración que CDC tenía suscritos con otras entidades», como sería el caso de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil, que se vincula desde el verano de 2016 solo con el PDECat, pese a que 26 de las 55 sedes de la JNC «se encuentran ubicadas en inmuebles de los que CDC es titular».

El auto del juez de la Audiencia Nacional deja en el aire pocas dudas para negar la conexión. De los 42 inmuebles propiedad de CDC, 37 están siendo utilizados como sedes del PDECat. Un vínculo que también se evidencia en el mundo digital. Los perfiles de las redes sociales del segundo partido tienen como fecha de creación una anterior a la propia fundación de la formación. Esto solo tiene una explicación: «Buena parte de estos se correspondían con perfiles vinculados a CDC y que, precisamente, coincidiendo con las fechas en que se constituye el nuevo partido, se habrían limitado a cambiar su denominación y su foto de perfil». En Facebook, 123 de los 172 perfiles analizados. La cuenta de Twitter de CDC cambia de nombre el 10 de julio de 2016, borrando, eso sí, los tuits anteriores. Igualmente, la conexión también es por vía telefónica. CDC sigue siendo el titular de 21 líneas de teléfono que, en teoría, corresponden al PDECat.

La conclusión es, para el juez instructor, que la creación del PDECat como partido político corresponde a un actor meramente formal -incluso ALDE, la referencia europea de CDC, reconoció que este partido se «renombra» como PDECat-, pero que mantiene el funcionamiento y los recursos humanos y materiales de CDC, con el objetivo de «eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir».

La cuestión que introduce De la Mata no parece baladí. Además de las responsabilidades del caso del 3 por ciento, el propio juez tiene abiertas dos causas separadas sobre la presunta financiación ilegal de CDC, que podrían repercutir en el PDECat. Y la Fiscalía ya ha pedido, de momento sin éxito, que los 6,6 millones de euros del caso Palau se le reclamen al PDECat. «Esto va a ser muy grande», dijo Gassull.