Rafael Catalá, sobre el referéndum: «Es una ensoñación fuera de todo lo previsible y un esfuerzo baldío»

En declaraciones al programa «Converses» de Cope Cataluña y Andorra, Catalá avanzó ayer que el PP no abordará una reforma constitucional para contentar a los independentistas, entre otras razones, porque «las personas normales no hablan de que sea una necesidad» y tampoco PSOE y Ciudadanos cree que están por esa labor. En cuanto al referéndum secesionista, Catalá lo considera una «ensoñación fuera de todo lo previsible y un esfuerzo baldío» para quienes lo defienden.

En referencia a los llamamientos realizados desde el gobierno catalán, especialmente por parte de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, para que los funcionarios pidan fiesta el próximo 6 de febrero y acudan a apoyar al expresidente Artur Mas, que será juzgado en el TSJC por la consulta del 9-N junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau; el ministro de Justicia rechazó que se promuevan «movimientos de acompañamiento popular» o manifestaciones «si detrás hay una voluntad de interferir, de intentar coaccionar o de generar influencia sobre los tribunales».

Catalá subrayó que «en nuestro sistema de garantías y de derechos a nadie se le juzga por sus ideas». En este caso, se va a juicio porque «se ha cometido una infracción o se ha incumplido la orden del Tribunal Constitución y actuó en infracción de ley». El ministro también señaló que llevar ese extremo a otro contexto es «intentar deslegitimar las instituciones». «Y me parece gravísimo –añadió– que desde cualquier ámbito político o institución democrática, que existen porque la Constitución los avala, se deslegitime la Carta Magna y el cumplimiento de la ley ». «Es un flaquísimo servicio a la democracia», sentenció.

Sobre las cláusulas suelo, Catalá espera que la mayoría de los afectados apuesten por la solución extrajudicial, «porque es más ágil, más barata y más rápida». Una solución que el ministro ha defendido y que, según explica, «en ningún caso deja que los bancos sean los jueces», porque en última instancia «son los ciudadanos los que tienen la sartén por el mango y pueden decidir si aceptan la propuesta del banco o van a la vía judicial».