Los presos del 1-O accedieron al 100.2 diez veces más rápido que el resto

Transcurrieron 147 días desde que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés –el 14 de octubre de 2019– hasta que el centro penitenciario de Lledoners les concedió el 100.2. El resto de los pocos presos que lograron que se les aplicara este artículo, sin embargo, han tenido que esperar una media de 1.319 días para que se hiciera realidad. Casi diez veces más que los políticos condenados por el 1-O.

Son datos oficiales de los servicios penitenciarios de la Generalitat, a los que ha tenido acceso este diario. La radiografía es del pasado 3 de marzo, fecha en la que empezaron a salir de prisión diariamente a trabajar los condenados por el Alto Tribunal. Había entonces en las cárceles catalanas 6.797 internos cumpliendo condena (8.430 si se suman los preventivos). Sin embargo, solo 121 de ellos disfrutaban de la flexibilización del 100.2, confirmando que, ya de por sí, el uso de este artículo es excepcional. Entre ellos, estaban siete de los nueve líderes en prisión : el ex vicepresidente autonómico Oriol Junqueras, los Jordis, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn. En la información a la que ha tenido acceso ABC, no aparecen los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, ya que a estos se les otorgó el 100.2 pocos días después.

Este artículo del reglamento permite combinar características de diferentes grados de clasificación para flexibilizar el cumplimiento de una condena. En el caso de los líderes del 1-O, a quienes el Tribunal Supremo impuso penas de hasta 13 años de cárcel por sedición, les posibilita que puedan disfrutar de salidas diarias para trabajar o hacer voluntariados –características del tercer grado– pese a estar todavía clasificados en segundo grado (régimen ordinario). Si su uso ya es excepcional, como demuestra que solo 121 presos lo tenían en esa fecha, para los políticos la Generalitat ha utilizado una especie de versión premium del 100.2 exclusiva para ellos. Pudieron poner los pies en la calle diez veces más rápido que los otros miembros del club del 100.2 que no son políticos.

Los presos del procés empezaron a salir a trabajar, hacer voluntariados o cuidar a familiares mayores 147 días después de que el tribunal les condenase, cuando el resto de presos esperan una media de 1.319 días. Pero hay más. Los políticos solo habían cumplido entre un 3 y un 5 por ciento de la condena cuando se les concedió, mientras que la media se sitúa en el 42,22 por ciento, según datos oficiales de la Generalitat. Siempre tomando como referencia inicial la fecha de condena y sin contar el tiempo en prisión preventiva. Es decir, lo habitual es que los presos hayan cumplido casi la mitad de la condena en prisión para empezar a salir a trabajar a través de esta vía. Para los presos del procés, en cambio, los plazos se han acelerado.

Las estadísticas de la Generalitat también demuestran que es una vía usada especialmente para condenas largas –como es el caso de los políticos presos–, lo que hace que los porcentajes sean en sí muy representativos. La media de días a los que fueron condenados esos 121 internos del 100.2 fue de 3.124 días, guarismos equiparables a los políticos presos.

Todos estos datos oficiales demuestran que la Generalitat ha otorgado « un trato de favor injustificable » a los políticos, según ha valorado en una conversación con ABC Arturo González de León, profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Abat Oliba CEU. Y añade que, aunque las estadísticas no lo recogen, no es habitual que las prisiones beneficien con el 100.2 a presos que, como los líderes del 1-O, no se hayan arrepentido. González de León subraya también que el 100.2 es una herramienta reservada para usarse solo cuando el fin pretendido –salir de prisión a trabajar– no se puede lograr con los mecanismos ordinarios. En este caso, clasificar a los políticos ya en tercer grado (semilibertad). ¿Por qué no lo hacen si creen que están en disposición de salir diariamente de prisión?

Un tercer grado acabaría en la mesa del Supremo que, posiblemente, lo revocaría por su premura, aunque no hay ningún impedimento temporal para concederlo. La vía del 100.2, en cambio, es directa. Lo otorga directamente la junta de tratamiento de la prisión y es de ejecución inmediata, aunque después ha de avalarlo un juzgado de vigilancia penitenciaria. La última instancia para recurrir serían las audiencias provinciales, aunque en algunas de las resoluciones los jueces de vigilancia penitenciaria han dejado la puerta abierta a que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo.

Hasta ahora, y pese a la total oposición de la Fiscalía, los jueces de vigilancia penitenciaria han rubricado las flexibilizaciones de los presos del procés que han decidido las cárceles catalanas. Algunas fuentes consultadas recuerdan que la situación personal de los líderes del procés, condenados por sedición, difiere mucho de la media del resto de los presos del 100.2 condenados la mayoría por delitos como tráfico de drogas, asesinatos o agresiones sexuales . Los políticos disfrutan de arraigo familiar, no son drogodependientes y por su popularidad encuentran fácil empresas o entidades a las que salir diariamente a trabajar. Las mismas fuentes, no obstante, apuntan a que la diferencia entre la velocidad de concesión a los políticos y al resto de presos es clamorosa.

La gestión del régimen penitenciario, en manos de la Consejería de Justicia que encabeza Ester Capella, es en los últimos meses munición habitual en la perenne contienda entre los socios de gobierno, ERC y JpC, casi siempre mal avenidos. El último episodio sucedió a cuenta de los permisos del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez , que salió ayer de prisión para retomar su labor de voluntariado –que lleva a cabo gracias al 100.2– después de estar unos 80 días sin salir de la prisión de Lledoners. Sànchez colaboraba con la Fundación CanPedro de Barcelona desde febrero, pero por el Covid-19 tuvo que suspender su voluntariado, con lo que pidió salir para trabajar en el partido que lidera junto a Carles Puigdemont (La Crida). Una petición que la junta de tratamiento de la prisión denegó por sus connotaciones políticas. La Consejería de Justicia, por un supuesto error, anunció a la prensa, antes de saberlo Sànchez, que sí se le había concedido ese permiso. El líder independentista arremetió contra el departamento, en un episodio al que se sumó JpC, convirtiéndose en la enésima batalla entre los socios de gobierno .

En cualquier caso, el trato de favor a los presos del procés –en base a los datos presentados por este diario– es evidente, pese a lo manifestado desde hace meses por los actuales dirigentes de la Generalitat. Capella, por ejemplo, ha negado una y otra vez que desde su departamento se estén saltando la ley y la normativa. Una cuestión que no se pone en duda, pero sí que hay presos de primera y presos de segunda . El 14 de febrero, en una entrevista para Radio Nacional de España (RNE), la consejera de Justicia aseguró que la aplicación del 100.2 «no es un trato de favor» para los condenados por sedición por el TribunalSupremo y el 3 de marzo señaló que la medida era adecuada, pues la gestión de las cárceles en Cataluña depende de la Generalitat que, en su opinión, tiene «un modelo propio» que se basa en «explorar todas las opciones que nos da la ley y el reglamento penitenciario».

La supersónica velocidad con la que han conseguido los beneficios del 100.2 es un capítulo más en la lista de agravios de los líderes del procés respecto al resto de presos. Otros privilegios fueron, por ejemplo, las cientos de visitas que recibieron en prisión camufladas como «institucionales ». Según el reglamento, las visitas de autoridades no computan como las familiares y no tienen un límite, con lo que la laxa interpretación de la Generalitat permitió que los líderes políticos prácticamente convirtieran la cárcel en su despacho particular. No había concejal independentista del más remoto pueblo de Cataluña con mínimas aspiraciones políticas que, por si acaso, no intentase ir a «fichar» a Lledoners.