El Parlament pospone la tramitación de la ley del Referéndum

JxSí y la CUP registraron la ley a finales de julio y hubiera sido normal que la Mesa abordara su admisión a trámite en la reunión de este miércoles, la primera tras el periodo estival: finalmente este asunto no se ha debatido y se ha postergado el debate.

La no admisión a trámite de la ley del Referéndum ha generado una considerable bronca política en el seno de la Mesa, donde los representantes de Ciudadanos y del PSC, han acusado al resto de grupos de hurtar el debate parlamentario y de «retener» la citada ley a su conveniencia. Según ha explicado José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), vicepresidente segundo del Parlament, los partidos soberanistas retuercen el reglamento con una finalidad estratégica.

Ha sido la propia presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, la que ha admitido que los grupos independentistas están actuando con una visión estatégica. «No somos inocentes, y dado el contexto de judicialización, estamos valorando qué pasos dar», ha admitido tras la reunión de la mesa. En esta línea, y en contra del criterio de C’s, PSC y PP, Forcadell ha asegurado que «no hay obligación de incluir la ley en el orden del día».

En este contexto, en los pasillos del Parlament, que hoy ha comenzado su periodo de sesiones tras la última reforma que declaró hábil la segunda quincena de agosto, cundía la sensación de que Junts pel Sí y la CUP postergarían en lo posible la tramitación de la ley, evitando su admisión a trámite por parte de la Mesa para sortear el anunciado recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. De este modo, y según fuentes políticas consultadas, se da casi por seguro que la ley del Referéndum se llevará directamente al pleno del 6-7 de septiembre, introduciéndola en en el orden del día a partir de la petición de dos grupos, o incluso no se descarta su aprobación mediante decreto ley por parte del Govern.

Por otra parte, y con el voto en contra de C’s y del PSC, la Mesa ha acordado estudiar emprender acciones penales contra las personas, entre ellas el pesidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la vicepresidente Sáenz de Santamaría, que rechazaron comparecer en la comisión parlamentaria de la llamada Operación Cataluña.

La ley establece «un régimen jurídico excepcional» para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema del Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana.

El artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y destaca que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Cataluña».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a principios de mes que impugnaría la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional (TC) cuando la Mesa la admitiera a trámite y no se esperaría a que llegara al pleno de la Cámara catalana .

El primer pleno del nuevo curso político tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre, de manera que tendrá que haber una nueva reunión de la Mesa y la Junta de portavoces para fijar el orden del día , y en esa nueva reunión podría abordarse la proposición de ley del referéndum. Otra de las opciones es que, finalmente, la nueva norma la asuma el Govern mediante un proyecto de ley o con un decreto ley y no los grupos independentistas.