La oposición cree que Torra quiere utilizar la crisis para sentar un precedente «telemático» en el Parlament

Torra solicitó ayer al presidente parlamentario, Roger Torrent (ERC), que habilite «una sesión plenaria» para «comparecer» y dar cuenta de «la situación y las medidas adoptadas (por la Generalitat) para hacer frente al Covid-19». Esta es una potestad que tiene el presidente autonómico, tal y como establece el Reglamento del Parlamento de Cataluña (artículo 172), y que Torrent ha de cumplir en el plazo de un mes como máximo.

La novedad, en esta ocasión, es que Torra quiere intervenir mediante un sistema «telemático», es decir, por videoconferencia, ya que está confinado en el Palacio de la Generalitat tras comprobarse que dio positivo en la prueba del coronavirus. Sin embargo, hasta la fecha, se ha prohibido este tipo de intervenciones telemáticas.

El caso más relevante al respecto fue el intento de investidura de Carles Puigdemont (JpC) por parte de los partidos independentistas después de las elecciones regionales de diciembre de 2017. Entonces, Puigdemont pretendía que se le invistiera presidente a distancia, desde Bélgica y en situación de fugado de la Justicia española.

El asunto suscitó un gran debate, no solo político, que los letrados del Parlamento de Cataluña zanjaron defendiendo (en un informe en enero de 2018) que los debates en el pleno, y sobre todo en los que interviene el presidente autonómico, se tienen que hacer presenciales, pues si no entre otros derechos se menoscaba el que tiene la oposición para controlar al gobierno.

El informe -solicitado entonces por Torrent a petición del PSC- recogió claramente que «de acuerdo con el Reglamento y con lo que es un principio general del funcionamiento de las cámaras legislativas, las sesiones del Parlament son presenciales», un aspecto que inspira el artículo 4 del Reglamento parlamentario catalán.

Los letrados, además, concretaron la imprescindible presencia de los diputados precisamente en algunos plenos concretos, sobre todo los que se refieren «al control del gobierno», por su «interlocución e interacción directas» necesarias entre los diputados y el presidente de la Generalitat: «Las preguntas de la sesión de control o las comparecencias ante el pleno solicitadas por él mismo o por los grupos parlamentarios».

Por esto, la oposición al gobierno catalán considera que ahora JpC y ERC quieren utilizar la situación de Torra y la excepcionalidad creada por la crisis sanitaria para burlar la norma con la excusa del coronavirus y crear un precedente que pueda ser utilizado en el futuro para Puigdemont o similar.

«En condiciones normales, todo se podría hablar, pero como los independentistas son desleales, nos tememos lo peor», señalaron a ABC fuentes del PSC. En el PP catalán, por su parte, también sospechan que los nacionalistas «quieran sentar un precedente para utilizarlo después con Puigdemont». Y son contrarios a que Torrent habilite un mecanismo «telemático». «Es momento de trabajar y no de escenificar con una comparecencia a través de una pantalla», apuntaron a este diario desde la dirección popular. Algo similar indicaron desde la cúpula de Cs: «Nos opondremos y lo denunciaremos. Espero que los letrados no lo permitan».

La decisión se adoptará mañana, en la reunión de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que tiene como único punto en el orden del día la petición de comparecencia de Torra.