La Guardia Civil halla una factura falsa para desviar fondos públicos a la infraestructura de Waterloo

El juez instructor, Joaquín Aguirre, atribuye a Cabaní un papel clave en el desvío de fondos públicos -de los que se nutre la asociación- a Puigdemont mediante criptomonedas y en la creación de una «república digital» para eludir los controles de la Justicia y el Gobierno españoles, por lo que ha expedido una orden europea contra el informático, quien a principios de 2018 se habría trasladado a Bélgica.

Tras la operación del pasado 28 de octubre que derivó en una veintena de detenciones -entre ellos de los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell-, la Guardia Civil tomó declaración como testigos entre los días 4 y 5 de noviembre pasados a trabajadores de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes en relación con la factura, intervenida en los registros.

En el interrogatorio, se les preguntó por esa factura emitida por Cabaní, que la Guardia Civil ya tenía bajo sospecha, ante los indicios de que habría servido para pagar los honorarios de los abogados del expresidente autonómico fugado de la Justicia, mediante una transferencia a finales de 2017 a una entidad que permite cambiar bitcoins a euros.

La factura investigada, bajo el concepto de «servicios de mantenimiento 2017» y que figura en el sumario, incluye el mantenimiento de un «terminal fijo», de la «red interna», de un «servidor» y de cinco ordenadores portátiles.

No obstante, añade la Guardia Civil, las declaraciones de los trabajadores interrogados demuestran que los conceptos facturados eran falsos: una de las testigos señaló que los ordenadores de Plataforma para trabajar eran «antiguos» y que la entidad no tenía contratado ningún servicio de mantenimiento de los equipos informáticos.

Otro extrabajador de la entidad también corroboró que los ordenadores de la sede de la entidad eran «muy viejos», que no se invertían «grandes recursos en material informático, ya que la actividad propia no lo requería», y que incluso, en ocasiones, los empleados utilizaban los suyos particulares.

Según este testigo, «el único mantenimiento que existía era el de formatear los ordenadores viejos para la instalación de algún programa en concreto, pero sin más empleo de recursos informáticos». Por lo que Guardia Civil considera que « la factura emitida por Jaume Cabaní a la Plataforma esa falsa«. La Benemérita, además, cree que de ello tenía conocimiento el presidente de la entidad Xavier Vinyals, también investigado en el caso Voloh.

Además de los de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Cabaní -quien está registrado como informático en Waterloo- habría recibido fondos procedentes de la Fundación Barcelona Formación Profesional, la Fundación Bertelsmann, la Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement -cuyos socios son el Ayutamiento de Vic y el de Manlleu, el Consejo Comarcal de Osona y la Fundación Universitaria Balmes-, la Asociación Units per al Foment de la Cohesió y la Catalanitat (AUFCC), Partal Maresma i Associats (Vilaweb) y CatGlobal.

En total, añade el informe de la Guardia Civil, los fondos procedentes de esas entidades excederían los 120.000 euros. La Guardia Civil también concluye, en base a conversaciones telefónicas interceptadas entre los exdirigentes de CDC David Madí y Víctor Terradellas, que Cabaní era el «cerebro» encargado del proyecto de criptomoneda con el que se quería «provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que pudieran disponer en la actualidad o en el futuro» mediante la adquisición de bitcoins con dinero público desviado de corrupción.