Los espiados de Òmnium y la CUP presentan querellas por el caso Pegasus

Ambas querellas se han presentado en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus a los móviles del conseller Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall y aunque son distintas coinciden en pedir ampliar la investigación que ya está en marcha y añadir a los afectados de Òmnium, que son Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Botet, y de la CUP, David Fernàndez, Carles Riera y Albert Botran.

En concreto, los textos hacen referencia a las agencias estatales españolas y piden investigar si CNI, Policía Nacional, Guardia Civil o agencias de ciberseguridad estuvieron involucrados y atribuyen a NSO un presunto incumplimiento de sus estándares de control ante de comercializar Pegasus, o bien falta de control posterior del uso de la licencia.

Las querellas recuerdan que el uso de Pegasus «en contextos de espionaje a opositores políticos, activistas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos ha sido denunciado por multitud de organizaciones no gubernamentales y por prestigiosas cabeceras de prensa» y el reciente caso destapado relacionado con independentismo, según el que 65 personas del entorno soberanista tuvieron los móviles infectados en momentos en que hacían funciones «vinculadas a la defensa de acciones de denuncia de la represión contra el movimiento para la autodeterminación después del referéndum del 1-O y de preparación de estrategias jurídicas«.

«Es evidente que las infecciones a Mauri, Jiménez y Bonet tenían también como objetivo asaltar el ámbito de intimidad y de las comunicaciones de Jordi Cuixart« mientras no tenía móvil porque estaba en prisión por el 1-O, añade la querella de Òminum.

Los textos también exponen que hay «grandes evidencias» de que los ataques procedían de una institución del Gobierno ya que el momento y los espiados coinciden con «actividades de interés específico» para el Gobierno, y creen que los objetivos eran de un interés evidente, en sus palabras, para el Ejecutivo.

Además, recuerdan que el CNI es cliente de NSO y señalan que «el gran lapso de tiempo en que se han producido los ataques, así como la relevancia de las personas atacas, llevan a descartar que se trate de una operación clandestina de un tercer país o una tercera persona«, porque les habría descubierto el CNI u otra agencia de ciberseguridad.

Los escritos afirman que el Gobierno hizo una «asunción de los hechos» cuando anunció la apertura de un control interno del CNI y constituyó la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Òmnium y la CUP consideran que de estas medidas «se puede inferir la asunción de la autoría por parte del Gobierno español, por parte del CNI o de otras agencias gubernamentales colaboradoras en el ámbito de la inteligencia y la información» que dependen de los ministerios de Defensa e Interior.